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¿CONSULTAS EN JAQUE?
Bogotá, 17 de junio de 2025. La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, dejando en manos de las altas cortes la decisión que definirá el futuro de esta iniciativa.
La medida responde a un intenso enfrentamiento jurídico y político entre el Ejecutivo y el Senado. El Congreso, expresamente, había rechazado el mecanismo de participación, y la avalancha de demandas presentadas ante los máximos tribunales sembró incertidumbre sobre la legalidad del decreto que convocaba a la consulta popular.
En una rueda de prensa, Hernán Penagos, registrador nacional, anunció que la entidad solicitará un concepto jurídico a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y enviará copias del caso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación. “Instaremos a los jueces de la República para que tomen una decisión sobre estos actos y definan el rumbo de esta consulta”, afirmó. Penagos enfatizó que está en juego no solo el principio democrático sino la propia estabilidad institucional del país.
Esta suspensión ocurre dos semanas después de que el Senado de la República, el 14 de mayo, rechazara la convocatoria. A pesar de esta negativa, el Ejecutivo emitió el decreto 0639, alegando irregularidades en el trámite legislativo, tales como la ausencia de una proposición formal de voto y supuestos cambios arbitrarios en las posturas de algunos senadores.
El Gobierno no escondió su disgusto por la decisión de la Registraduría. Armando Benedetti, ministro del Interior, rechazó la suspensión y defendió la validez del decreto que busca convocar a la ciudadanía a las urnas. La tensión entre poderes abre preguntas sobre el equilibrio institucional y la capacidad real para convocar mecanismos de democracia directa en el país.
Mientras tanto, la consulta, cuyo destino está ahora en manos judiciales, simboliza una disputa mayor: la pugna entre Gobierno y legislativo y la fragilidad de los procesos que buscan involucrar a la ciudadanía en decisiones cruciales. ¿Podrán las altas cortes esclarecer este embrollo sin que la democracia quede atrapada en el fuego cruzado?
