📸 Cortesía: Colprensa / Fiscalía General de la Nación / Gobernación de Antioquia
Petro responde con dureza a gobernador de Antioquia por solicitud de inclusión de fiscal Camargo en lista de EE. UU.
El 25 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro respondió con contundencia al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que este pidiera al gobierno de Estados Unidos incluir a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la llamada Lista Clinton, por supuestos vínculos con alias Calarcá y las disidencias de las Farc.
La controversia estalló tras la difusión de archivos y chats adjudicados a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una disidencia armada, documentos que según Rendón evidencian una alianza criminal entre miembros del Gobierno, la Fiscalía y fuerzas militares en beneficio de ese grupo ilegal. En Blu Radio, el gobernador sostuvo que “el gobierno americano debería meter en la Lista Clinton a todas las personas vinculadas en este entramado criminal, empezando por la fiscal Camargo.” Rendón agregó que la fiscal habría autorizado la liberación de alias Calarcá en julio de 2024, pese a la acumulación de pruebas contra sus actos ilícitos.
En respuesta, el mandatario lanzó un tuit en su cuenta personal, enfatizando: “¿Quién le dijo al gobernador de Antioquia que el país se maneja de acuerdo a la voluntad de EE. UU.? Respete a Colombia. Las disidencias son producto del propio uribismo que no supo respetar la paz. Deseosos de sangre quieren más. Creen que entre más votos, más sangre se debe derramar.” Así, Petro rechazó los señalamientos y cuestionó especialmente a sectores ligados al expresidente Álvaro Uribe, mientras negaba cualquier complicidad con estructuras criminales y la influencia extranjera en política nacional.
El episodio emerge en un momento de tensión entre la administración central y Antioquia, con acusaciones mutuas relativas a libertad concedida a grupos armados y posibles persecuciones judiciales, lo que ha intensificado la crisis institucional. Por ahora, ninguno de los afectados—ni la Fiscalía ni el gobierno estadounidense—se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud elevada por el gobernador Rendón. La situación mantiene en alerta la opinión pública, por la elevada polarización entre actores políticos de la región y la nación.
