📸 D.R.A.
¿Un adelanto fiscal que aprieta la caja?
Recaudo adelantado.
Desde el 1 de junio de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro implementó una controvertida medida de retención en la fuente anticipada que permitirá captar al menos $6 billones de pesos en este año, cifra equiparable a lo que recaudaría una reforma tributaria tradicional.
La decisión, oficializada mediante el Decreto 0572 de 2025 emitido por el Ministerio de Hacienda, consiste en adelantar el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a 2026, tanto para empresas como para personas naturales, trasladando así ese gravamen al presente año calendario.
El contexto detrás de esta medida es la creciente presión sobre las finanzas públicas de Colombia, con un déficit fiscal que supera los $12 billones de pesos. La inviabilidad política de aprobar un nuevo paquete tributario en el Congreso empujó al Ejecutivo a optar por esta fórmula para asegurar el recaudo de impuestos y reducir las brechas en el cumplimiento tributario, intentando también eliminar los tratamientos dispares entre contribuyentes que se han identificado como fuente de evasión.
El impacto recaerá con mayor fuerza en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, energía, agua y extracción de metales preciosos, que enfrentarán una tarifa del 4,5% en retención. Sin embargo, otros ámbitos económicos como la industria automotriz, confecciones, artículos deportivos y transporte de carga también verán incrementos sustanciales, en algunos casos con aumentos de hasta un 218% en la retención comparado con años previos. Esta presión fiscal adicional afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que ya operan con estrechez de margenes.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), alertó que “el golpe a las empresas se da porque todas hicieron presupuestos entendiendo la normativa jurídica y tributaria que rige. Ahora se les está aumentando hasta un 300% la retención en la fuente. Con esto se van a llevar entre $6 y $9 billones del aparato productivo”, destacando la incertidumbre y tensión que genera esta decisión en el sector privado.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una solución pragmática a un escenario fiscal crítico, la sociedad colombiana se pregunta si este adelanto tributario, sin el debate parlamentario tradicional, erosionará la confianza en las instituciones y cuánto podrá sostener la economía real esta presión tributaria inusitada.
