📸 Imagen cortesía X: @CarlosFGalan
¿Alerta o ficción en la seguridad de un alcalde?
La mañana del martes 22 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación despejó dudas que habían encendido una alarma nacional: no existe un plan criminal serio para atentar contra la vida de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. La inquietud se generó días atrás, luego de que medios de comunicación difundieran una interceptación telefónica que parecía revelar una amenaza tangible contra el mandatario.
El origen de la polémica se remonta al pasado 9 de junio, cuando Noticias RCN difundió fragmentos de una llamada entre un hombre apodado “Mono” y otros interlocutores en Bucaramanga. En ese audio, se mencionaba el supuesto envío de un sicario menor de edad, apenas 13 años, para asesinar al alcalde en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. “Se me cayó el sicario de Bogotá”, confesaba el “Mono”, una frase que hizo que el país contuviera el aliento justo después del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, acontecido solo dos días antes y que había elevado la tensión en la opinión pública y los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, la Fiscalía, tras un meticuloso análisis del material y el contexto, concluyó que aquellas palabras carecían de sustento real. La conversación no era más que un diálogo burlesco entre expendedores de droga en Bucaramanga, sin evidencias de una estructura criminal dirigida al alcalde. “Inicialmente malinterpretadas, las interceptaciones son parte de un lenguaje coloquial y sin intención de materializar ninguna amenaza criminal”, afirmó el ente investigador.
Pese a que la amenaza se disipó en términos legales y de inteligencia, el incidente no fue en vano: motivó un reforzamiento temporal de las medidas de seguridad para Galán y avivó el debate en torno a la necesidad de fortalecer la protección a figuras públicas en Colombia, un país acostumbrado a la sombra latente de la violencia política. La ciudadanía espera que episodios semejantes no se conviertan en falsas alarmas, ni tampoco en tragedias reales. ¿Podrá la seguridad pública mantenerse a la altura de las complejidades que atraviesa la política colombiana? El tiempo y las responsabilidades institucionales dirán.
