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Absolución de Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno genera controversia en Colombia
El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos por fraude procesal y soborno en actuación penal, revocando la condena a 12 años de arresto domiciliario dictada tres meses antes. Esta decisión generó reacciones divididas en el país, especialmente críticas desde sectores políticos opositores.
El fallo se conoció en horas de la tarde del martes en Bogotá y se basó en la ilicitud de unas interceptaciones telefónicas consideradas pruebas clave del proceso. Por esta razón, el Tribunal determinó declarar inocente a Uribe y dejar sin efecto la sentencia anterior. Solo en la capital, este proceso judicial ha marcado un precedente en casos de alto perfil político.
Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y líder del partido Comunes, se pronunció la misma noche en la red social X: “La absolución de Álvaro Uribe Vélez en Segunda Instancia reafirma el adagio popular: la justicia es para los de ruana. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia actuar en derecho, sin cálculos electorales, protegiendo los derechos de las víctimas y la verdad para el país.” Esta declaración generó respuesta inmediata desde el centro político, con críticas que recordaron la trayectoria guerrillera de Londoño y cuestionaron su mensaje.
Por su parte, Álvaro Uribe se pronunció desde su residencia en Llanogrande, Antioquia, agradeciendo la decisión judicial y afirmando que esta absolución ratifica su inocencia. Según dijo a los medios, la determinación “despeja dudas y fortalece la confianza en la justicia colombiana”.
El proceso que condujo a esta resolución tuvo gran cobertura y debate nacional, dadas las implicaciones políticas y sociales. Las interceptaciones telefónicas, pieza fundamental de la investigación, fueron anuladas por considerarse ilegales y esto modificó radicalmente el curso del juicio.
Ante esta controversia, la opinión pública y los sectores políticos esperan la postura de la Corte Suprema de Justicia, que podría definir el rumbo definitivo del caso. Mientras tanto, la recomendación a la ciudadanía es mantenerse informada y atenta a los llamados oficiales para garantizar el respeto a las instituciones y los derechos de todas las partes involucradas.
