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El presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,78% al salario mínimo para 2026, fijándolo en 1.750.905 pesos mensuales sin incluir el auxilio de transporte, que suma 249.095 pesos. La medida beneficia a 2,4 millones de trabajadores formales y entra en vigencia desde el 1 de enero. Sin embargo, el costo laboral total para las empresas supera los 2,8 millones de pesos por trabajador, incluyendo prestaciones y aportes a la seguridad social.
El incremento del salario mínimo fue adoptado luego del fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos, en las que primero propusieron una alza del 7,21% y estos últimos reclamaron un 16%. Tras un mes de diálogo sin acuerdo, el Gobierno aplicó la Ley 278 de 1996 para ajustar la cifra por decreto, siguiendo el modelo ocurrido en años anteriores. Petro presentó esta decisión argumentando que busca un «salario mínimo vital», que permita cubrir las necesidades básicas de una familia entre tres y cuatro personas, en línea con estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además del sueldo básico, los empleadores deben asumir el pago de primas, cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, y los aportes para salud, pensión, caja de compensación y riesgos laborales, lo que encarece considerablemente el gasto mensual. De acuerdo con cifras oficiales, solo del salario juntos con sus prestaciones, el costo llega a más de 2,8 millones de pesos mensuales. La presión sobre los pequeños y medianos negocios es alta, por el aumento de los costos fijos y las dificultades para mantener el empleo formal.
Según María Gómez, experta en economía laboral, “estas obligaciones impactan a los contratos formales, insistiendo en la necesidad de políticas que mitiguen la precariedad y fortalezcan la estabilidad laboral”. Por su parte, datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que 1,3 millones de personas dejaron de ganar el salario mínimo entre enero y octubre de 2025, una señal de desafíos permanentes en el mercado laboral.
El Gobierno sostiene que la medida protege el poder adquisitivo y promueve la convergencia gradual hacia un salario que alcanza, incluso, el estimado en 1,8 millones para 2026 ajustado por inflación. Sin embargo, economistas alertan sobre posibles efectos en la inflación, especialmente con aumentos cercanos al 5%, la elevación de las tasas de interés y el incremento en costos asociados al transporte y servicios públicos. La discusión sobre la formalidad laboral y la estabilidad macroeconómica continúa mientras se ajusta este cambio importante al inicio del año.
La Alcaldía y las autoridades laborales recomiendan a empleadores y trabajadores estar atentos a la implementación y al cumplimiento de estas disposiciones, aportando a una transición económica gestionada y ajustada a las capacidades del sector empresarial y el bienestar de las familias en Antioquia y todo el país.
