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Consejo de Estado admite demanda contra decreto que fija salario mínimo en 2 millones para 2026
El Consejo de Estado admitió la primera demanda de nulidad contra el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que establece un salario mínimo mensual legal vigentes de 2 millones de pesos para el año 2026, según informó el tribunal el 14 de enero en Bogotá. La acción fue interpuesta por Germán Eduardo Castro Marín y cuestiona el aumento del 23% dispuesto por el Gobierno nacional.
La demanda fue presentada contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo. En su escrito, el demandante advierte que el decreto se aparta de los parámetros legales para fijar el salario, que deben incluir inflación, meta inflacionaria, productividad, participación del salario en la producción nacional y crecimiento del PIB. En cambio, acusa al Ejecutivo de basar el incremento en una referencia no vinculante como el salario vital de la Organización Internacional del Trabajo. Bajo este empleo cambia también los criterios fiscales que no habrían sido establecidos por el Congreso, lo cual, según señala, «vulnera principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.»
Desde la Sección Segunda del Consejo de Estado encargada del caso, presidida por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, se notificó a las entidades involucradas y se abrió un plazo de 30 días para sus respuestas. Además, se solicitó al Gobierno nacional la entrega de todos los documentos previos a la firma del decreto. Paralelamente, está en trámite una solicitud para suspender provisionalmente la norma mientras se resuelve la demanda.
En varios sectores gremiales como Fenalco, ANDI, Acopi, Camacol y Anif, el aumento ha generado reparos por generar posibles afectaciones en el empleo, la informalidad y las finanzas públicas, debido a que no se fundamenta en criterios técnicos estrictos. Fenalco interpuso días atrás otra acción judicial y solicitó la suspensión de la medida por considerar que el aumento deja de ser el 6,21% homologado a variables económicas y desde Peña nueve mantiene un aumento arbitrario del 23%. Además denuncia que se desconoció la función exclusiva del DANE en la medición del índice de precios al consumidor. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que “se desconoció el marco legal y constitucional al aplicar criterios no contemplados en la ley.”
Por su parte, el presidente Gustavo Petro reafirmó el aumento, a la vez que anticipó nuevas demandas legales en contra del decreto y convocó a marchas para respaldar el “salario vital y familiar” preservado en la Constitución. La administración también presentó un proyecto de ley que busca garantizar estos incrementos en los gobiernos venideros.
Se espera que, en los próximos días, se presenten más procesos judiciales relacionados con esta decisión para modificar la política salarial instaurada para el 2026. Las entidades responsables mantienen su respuesta respecto de la demanda admitida mientras se desarrolla el proceso.
