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Tutela busca suspender aumento del salario mínimo 2026 por posible incumplimiento de ley de concertación
En Bogotá, un juez analiza una tutela presentada contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 en 1.750.905 pesos mensuales más 249.095 en auxilio de transporte, que en total representa un aumento cercano al 24%. La demanda, presentada el 8 de enero por Alexander Donato Rondón, comerciante, solicita la suspensión provisional del decreto mientras se evalúan los argumentos, señalando supuestas irregularidades en el proceso.
La acción judicial va dirigida contra la Presidencia, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, y sostiene que el estado fijó el incremento unilateralmente después de no llegar a un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación. Según la tutela, no se tuvieron en cuenta los cinco criterios legales establecidos en la Ley 278 de 1996, como la inflación, el crecimiento del producto interno bruto, productividad, aportes salariales y proyecciones oficiales establecidas por el Dane y el Banco de la República.
Los demandantes alertan que el aumento afecta gravemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran el 99,7% del sector productivo. Se prevén cierres de negocios, reducción en horas laborales y despidos. Estudios del Banco de la República señalan una posible disminución del empleo de hasta 1,4% en pequeñas empresas por cada punto porcentual que suba el salario, con impactos significativos en los primeros meses. “El ajuste genera perjuicios irreparables para MIPYMES y el sector informal”, afirmó el abogado Alejandro Linares, apoderado del demandante.
El decreto fue expedido en diciembre de 2025 tras vencer sin acuerdo el plazo para concertar con los representantes de empleadores y trabajadores. Su vigencia inició el 1 de enero de 2026 y obliga a todos los empleadores del país. La Corte Constitucional ha indicado en varias sentencias que este mecanismo es válido si se cumple con la justificación técnica detallada basada en los parámetros de leyes vigentes, aspecto que se cuestiona en esta tutela.
Hasta ahora, no se ha decidido si procede la suspensión provisional del decreto, ya que el caso está en trámite en Bogotá. Esta noticia se da en medio de un debate público creciente sobre el equilibrio entre incentivar salarios dignos y conservar la estabilidad del empleo, campo en el que empresarios y Gobierno mantienen posiciones contrapuestas. La Alcaldía y entes del sector laboral permanecen atentos al avance de esta acción cuyo resultado impactaría a miles de colombianos.
