D.R.A
Santiago Uribe Vélez fue condenado a casi 28 años de cárcel por su vinculación con el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles
El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años y cuatro meses de prisión el martes 25 de noviembre de 2025, tras revocar la absolución que había obtenido en 2024. La sentencia lo responsabiliza por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en relación con la operación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que operó en Antioquia durante la década de los noventa.
El fallo, basado en una ponencia de 307 páginas, describe con detalle las graves violaciones a los derechos humanos cometidas. La Sala Penal del Tribunal determinó que las pruebas evidenciaron la participación de Uribe Vélez en delitos de homicidio y en la estructuración de redes paramilitares vinculadas a múltiples crímenes de lesa humanidad en la región. Junto con la pena de prisión, se impuso una multa cercana a 6.500 salarios mínimos legales, inhabilitación por 20 años para cargos públicos y prohibición para portar armas por 54 meses.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, ratificó que interpondrá un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia para buscar que se revise el fallo, por lo que la condena aún no es definitiva. El Tribunal, sin embargo, negó la suspensión de la condena o beneficios como la prisión domiciliaria y ordenó la captura inmediata de Uribe Vélez una vez el fallo quede en firme.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y hermano del condenado, manifestó su reacción a través de su cuenta en la red social X: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.
Este caso emblemático estremeció la justicia penal colombiana durante más de una década. Las investigaciones indagaron la relación de actores políticos y sociales con estructuras ilegales en el norte de Antioquia. La reciente sentencia abre camino para nuevos recursos en tribunales superiores y reafirma los avances judiciales en defensa de los derechos humanos en la región.
Las autoridades hacen un llamado a respetar el debido proceso mientras se esperan las próximas fases legales y seguridad que se mantenga la tranquilidad en el área. La vigilancia sobre posibles reacciones en distintos sectores está activa.
