¿Consulta popular en jaque?
Este viernes 6 de junio de 2025, desde la ciudad de Cartagena, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, cerró de manera tajante la puerta a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Fue durante la 59ª Convención Bancaria de Asobancaria, donde Eljach enfatizó que “no tendría ningún sentido seguir hablando de presentar una consulta popular que ya el Senado negó”, dejando en claro que el trámite fue oficialmente rechazado y que no existen vacíos legales que permitan reabrir el debate.
La propuesta, promovida por el mandatario nacional para fomentar la participación ciudadana, recibió un contundente rechazo el pasado 14 de mayo en el Senado. Este revés provocó duras críticas de Petro, quien denunció presuntas irregularidades y fraude en la votación, acusaciones dirigidas especialmente contra Efraín Cepeda, presidente del Senado. Sin embargo, el procurador Eljach aclaró con firmeza que la negativa está “establecida formalmente” y que “no cabe discusión jurídica alguna”, remarcando que la última palabra sobre la viabilidad corresponde ahora al Consejo de Estado. Con un llamado a respetar la independencia judicial, pidió “dejémoslo en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos”.
Además, Eljach defendió la legitimidad del Congreso como instancia para este tipo de decisiones, y recordó que la ciudadanía debe acatar la resolución que eventualmente emita el alto tribunal administrativo. “Acataremos lo que diga la justicia”, concluyó, subrayando que cualquier intento de reabrir esta polémica deberá esperar el fallo definitivo.
La incertidumbre persiste. ¿Podrá la voluntad popular expresarse plenamente o quedará silenciada por el cruce de intereses políticos y jurídicos? El pulso entre el Ejecutivo, el Legislativo y la justicia pone en evidencia el profundo vacío de confianza que atraviesa el sistema democrático, en un momento en que la sociedad exige claridad y certezas. El futuro de la consulta popular, más que un procedimiento legal, se convierte así en un reflejo del delicado equilibrio entre poder y legitimidad en Colombia.
