📸 Cortesía: captura de pantalla X @MiguelUribeT
¿Quién compró el arma que disparó contra Uribe Turbay?El fuego que ensombreció el barrio Modelia el 7 de junio de 2025 provino de un arma que cruzó fronteras y sistemas legales, dejando tras de sí un rastro de preguntas. Esta semana, investigaciones coordinadas entre Colombia y Estados Unidos arrojaron luz sobre el origen de la pistola que hirió gravemente al senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.
Se trata de una pistola Glock calibre 9 milímetros, adquirida legalmente el 6 de agosto de 2020 en Mesa, Arizona. El nombre detrás de la compra es Charles Joe Anderson, un ciudadano estadounidense que cumplió con todos los requisitos legales para hacer su compra en la tienda Aji Port, como confirmó Jeff Serdy, propietario del establecimiento. La transferencia del arma se realizó bajo la supervisión federal de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), y con la verificación rigurosa de antecedentes que la ley exige.
Pero la historia se complejiza cuando la pistola cruza el Atlántico y entra de manera irregular a Colombia. No aparece en los registros del Departamento de Control y Comercio de Armas colombiano, lo que implica un ingreso clandestino al país. La ruta exacta sigue siendo un misterio, al igual que las redes criminales que habrían facilitado su traslado. Más inquietante aún, el arma terminó en manos de un menor de apenas 15 años, capturado minutos después del atentado y pieza clave en esta investigación.
Mientras tanto, el senador Uribe Turbay permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe, su vida suspendida en un hilo, y las autoridades se afanan por desentrañar el entramado detrás de este ataque que trastoca la ya frágil seguridad ciudadana. ¿Quiénes manejan estas redes que burlan vidas y regulaciones? ¿Cómo un arma con control legal en Estados Unidos logra evadir todos los sistemas de registro y vigilancia para acabar en un barrio de Bogotá? Estas preguntas vuelven urgente el escrutinio del comercio ilegal de armas y la cooperación internacional para frenarlo.
Este caso no solo expone una falla en los controles fronterizos y legales sino que también sacrifica la tranquilidad de una sociedad que observa con creciente incertidumbre. ¿Podrá la justicia y la coordinación binacional avanzar con la claridad que este episodio reclama? La respuesta aún está por escribirse, entre testimonios, expedientes y una Colombia que espera justicia.
