📸 Cortesía: captura de pantalla X @arcilaDDHH
¿PROTECCIÓN EN JAQUE?
Este martes 17 de junio, Medellín se estremeció con una denuncia que cuestiona no solo una decisión administrativa, sino la seguridad misma de sus líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El protagonista es Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, quien reveló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le comunicó el desmonte de su esquema de protección personal. Esta medida fue calificada por Arcila como un acto de irresponsabilidad y una persecución política que trasciende lo individual y se inserta en un patrón nacional.
La denuncia de Arcila no es un simple reclamo: responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por cualquier daño que pudiera sufrir. Para él, esta decisión forma parte de una tendencia creciente que pone en tela de juicio la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores al Gobierno.
El funcionario sostuvo que la UNP no basó su determinación en un análisis riguroso de riesgo, sino que se trata de una represalia por sus críticas a la estrategia estatal de Paz Total. Según sus palabras, la institución se ha convertido en una herramienta de persecución política y estigmatización, dirigida contra figuras como él y otros candidatos que emergen en el escenario electoral. “La UNP se viene desdibujando, se volvió una herramienta politiquera, de persecución contra los líderes y defensores de derechos humanos, contra la oposición y candidatos que van a ir en las próximas contiendas electorales. Hago responsable al señor presidente Petro por la situación que representa de riesgo contra mi vida”, afirmó enfáticamente en medios locales.
En su relato, Arcila explicó que pese a haber presentado recursos para impedir la remoción de su esquema de protección, la UNP mantuvo su decisión. Este giro no solo pone en jaque su seguridad, sino que envía un mensaje inquietante a funcionarios y dirigentes sociales en Medellín y el departamento de Antioquia. Rememoró también que el alcalde Federico Gutiérrez habría enfrentado un desmantelamiento similar en su esquema de seguridad, lo que sugiere una tendencia más amplia.
La acusación de Arcila cobra mayor peso considerando su larga trayectoria como defensor de derechos humanos, quien ha enfrentado constante amenaza por el ejercicio de su labor. Este episodio abre una pregunta crucial para la ciudadanía: ¿es posible proteger efectivamente a quienes, en primera línea, defienden la justicia y la paz en un país marcado por la vulnerabilidad y la violencia?
