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El Gobierno Nacional decretó un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, fijándolo en 1.750.905 pesos, que junto al auxilio de transporte de 249.095 pesos eleva la suma a 2 millones mensuales. La decisión, anuncio prioritario del presidente Gustavo Petro para iniciar «la era del salario vital,» ha generado alerta en sectores económicos claves.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) expresaron preocupación inmediata sobre posibles impactos macroeconómicos desfavorables. Según Asobancaria, este incremento podría generar presiones alcistas sobre la inflación, complicar la formalización laboral y limitar accesos a financiamiento para hogares y empresas. De hecho, Bancos como JPMorgan calificaron el aumento como un «terremoto» económico, al estimar que el incremento real alcanza un 17 % al ajustarlo por inflación proyectada para 2025.
Asobancaria aclaró que superar uno punto porcentual en criterios técnicos como inflación y productividad puede incrementar la inflación entre 10 a 16 puntos básicos. Con el alza decretada, el impacto inflacionario acerado oscilaría entre 165 y 263 puntos básicos, mismo que puede obligar al Banco de la República a subir la tasa de política monetaria, haciendo el crédito más costoso. JPMorgan complementa agregando cerca de 140 puntos básicos a sus proyecciones actuales para ubicar la inflación anual en 6,1 % para diciembre de 2026, superior al 4,7 % previsto antes.
Un dato vital es que solo 2,4 millones de trabajadores reciben salario mínimo exacto, según información del Dane compartida por Asobancaria; es decir, el beneficio directo cubre una minoría. Casi la mitad del mercado laboral —alrededor de 11,4 millones— devenga menos que el salario mínimo, encontrándose principalmente en actividades informales.
AmCham subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan un desafío por el incremento de cargas laborales, calculando que cada trabajador incluirá costos mayores a 3 millones de pesos mensuales entre obligaciones salariales, parafiscales y prestaciones. Además, reprobó la decisión unilateral del Gobierno, recordando que la Rectoría Constitucional y extenso marco legal, como la Ley 278, establecen concertación previa obligatoria.
La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) anotó igualmente que un aumento del 1 % en salario provoca cerca de 400 millones adicionales en gasto público. Las previsiones de JPMorgan proyectan que la medida elevará el déficit fiscal primario a 3,5 por ciento del PIB en 2026, indicativo ambas entidades que sin soporte técnico y financiero, el incremento incentivaría más informalidad, presión fiscal e impedimentos para empleo formal.
El ajuste salarial entrará en vigor desde el 1 enero de 2026. Ante esta situación, analistas recomiendan unче manejo riguroso y multidisciplinario para mitigar riesgos macroeconómicos y sociales, instando a considerar vías públicas y privadas para balancear beneficios con el crecimiento estable y formal de la economía colombiana.
