Senado prende alarmas: 2026 sin plata suficiente

Cuenta oficial de X del Senado de la República
Senado alerta por déficit presupuestal de 170.000 millones de pesos para 2026

En las últimas horas, la directora administrativa del Senado de la República, Astrid Salamanca Rahin, advirtió sobre un déficit presupuestal de 170.000 millones de pesos para 2026, luego de que el Gobierno Nacional aprobará solo 486.000 millones cuando se solicitaban más de 656.000 millones, lo que pone en riesgo el funcionamiento correcto de la entidad y proyectos clave que van desde seguridad hasta tecnología.

El recorte representa una reducción sustancial sin considerar incrementos de costos como el IPC del 5,1 por ciento ni el aumento salarial superior al 23 por ciento. De acuerdo con la carta dirigida a la Comisión de Administración y al presidente del Congreso, Lidio García, esta falta de recursos limita la capacidad para cubrir gastos operativos esenciales y podría afectar alrededor de 70 contratos laborales dentro del Senado.

Según la estrategia presupuestal, la asignación de los 60.435 millones de pesos destinados a inversión se concentra en el proyecto para mejorar la seguridad y desplazamientos de los servidores públicos. Sin embargo, otras iniciativas vitales como el fortalecimiento de los sistemas de información y la actualización de la seguridad tecnológica del Congreso quedarían sin financiación.

Astrid Salamanca aseguró que la ausencia de viabilidad presupuestal antes del 31 de enero, fecha en la que se activará la Ley de Garantías Electorales, implicaría la suspensión del apoyo técnico y físico por parte de la Policía Nacional, además de la suspensión de numerosos contratos laborales. “Sin esta aprobación, el Senado no contará con el apoyo necesario para garantizar seguridad ni operatividad básica”, señaló.

Esta alerta del Senado coincide con el debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, donde las autoridades de la corporación llaman a superar la reducción de recursos para asegurar el funcionamiento efectivo antes del criticado plazo de la Ley de Garantías. La administración sigue pendiente de una respuesta oficial del Gobierno, mientras monitoriza la emergencia presupuestal.

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