📸 Cortesía: Cancillería de Colombia
¿Pasaportes a la sombra?
Este 10 de julio de 2025, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, lanzó una alerta que sacude la gestión pública en Colombia. Desde el Congreso, denunció que el Gobierno nacional está a punto de firmar un decreto para permitir la contratación directa, sin licitación alguna, de una empresa privada encargada de la expedición de pasaportes.
La advertencia surge tras un derecho de petición presentado por Lozano al Ministerio de Relaciones Exteriores, que aceptó no poder poner en marcha el nuevo convenio con la Casa de la Moneda de Portugal a partir del 1 de septiembre, cuando vence el contrato vigente con Thomas Greg & Sons. Ante esta imposibilidad, la Ministra anunció un plan que contempla un decreto previsto para el 16 de julio, que obligaría a las entidades públicas a adquirir los impresos de pasaportes únicamente a la Imprenta Nacional. Sin embargo, en un giro que despierta preocupación, incluiría un parágrafo que permitiría la contratación con privados si la Imprenta Nacional no cumpliera en un plazo máximo de diez días.
Lozano cuestiona esta maniobra: «Es una puerta abierta para la contratación a dedo, sin competencia, y podría conducir a elegir una empresa privada de manera directa, sin garantías ni transparencia». La senadora advierte que la falta de preparación y el poco margen para implementar el convenio con Portugal están erosionando la confianza en el proceso y podrían provocar una crisis en la expedición de documentos vitales.
La incertidumbre crece ante la fragilidad del acuerdo con Portugal. La Cancillería reconoció que no hay contrato firmado ni aseguradas las vigencias futuras necesarias para comprometer recursos. El tiempo es otro enemigo: la puesta en marcha efectiva del convenio requeriría al menos 35 semanas desde su firma, imposibilitando su vigencia antes del fin del contrato actual.
En esta encrucijada, la ciudadanía se enfrenta a un vacío inédito: la posibilidad real de que muchos colombianos se queden sin pasaporte, un documento esencial para viajar y ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. ¿Podrá el Estado garantizar la identidad y movilidad de sus habitantes entre tantas sombras y apresuramientos? La pregunta queda abierta mientras el reloj avanza hacia el 16 de julio.
