📸 Cortesía: Senado / Alcaldía de Medellín
¿INTERVENCIÓN O MANIPULACIÓN? LA CONTROVERSIA ENTRE EL ALCALDE FEDERICO GUTIÉRREZ Y LA SENADORA ISABEL ZULETA
Medellín, 25 de junio de 2025. En una ciudad que no escapa a las tensiones políticas y sociales, estalla un nuevo enfrentamiento público. El alcalde Federico Gutiérrez ha lanzado una grave acusación contra la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico: un presunto intento de interferir en la captura de alias Yordi, considerado cabecilla de La Terraza, una de las organizaciones criminales más temidas del Valle de Aburrá.
La operación en cuestión no era un episodio improvisado. Tras más de diez meses de trabajo conjunto entre Fiscalía, Policía y Alcaldía, estaba en marcha la desarticulación de esa estructura criminal que ha marcado la seguridad en Medellín. Sin embargo, según Gutiérrez, esta labor pudo verse comprometida por la acción de “personas nombradas por el presidente Petro en la Mesa de Itagüí”, entre quienes señaló expresamente a la senadora Zuleta.
Las declaraciones se dieron en una entrevista con Blu Radio, donde el alcalde detalló que estas intervenciones partieron de allegados al actual gobierno nacional, instando a la Fuerza Pública a desviarse o detener el operativo. La acusación no solo tuvo un tinte político, sino que incluyó una invitación a la Corte Suprema para investigar estas supuestas interferencias. Además, Gutiérrez cuestionó la reciente presencia del presidente Gustavo Petro en un evento en Medellín junto a voceros de estructuras armadas, al que también asistió la senadora Zuleta, sumando a la polémica un fondo de expectativas sociales y políticas.
En reacción, Isabel Zuleta respondió temprano ese mismo día con una rueda de prensa. La senadora rechazó con firmeza las afirmaciones del alcalde y defendió con pasión los procesos de diálogo de paz urbana que promueve su colectividad. Zuleta enfatizó la importancia de la transparencia en estos encuentros y acusó a la administración local de una campaña para deslegitimar esos esfuerzos. “Les molesta que hagamos la paz urbana públicamente, que nos reunamos con voceros de estructuras que han cumplido condena y que, tras los acuerdos, regresan a la cárcel”, afirmó, comparando ese contraste con prácticas opacas de gobiernos anteriores, donde las mismas reuniones se hacían a escondidas, por sótanos o ascensores privados.
Este pulso, a primera vista administrativo y judicial, desnuda en realidad profundas fracturas políticas y sociales en Medellín. La ciudad, afectada por años de violencia y búsqueda de reconciliación, ve cómo estos episodios avivan dudas sobre quién busca la paz y quién se resiste a ella, sobre la transparencia en las autoridades y la credibilidad de las instituciones. Más allá del ruido mediático, queda abierta una pregunta que atraviesa toda la escena: ¿Hasta qué punto estas acusaciones reflejan un conflicto de intereses o una lucha real por controlar la seguridad y la política local?
Mientras tanto, la ciudadanía observa con un silencio expectante y muchas veces escéptico. ¿Podrán las investigaciones esclarecer si hubo interferencia en la captura de alias Yordi? ¿O la sombra del poder político seguirá oscureciendo el camino hacia una paz duradera? El debate sigue su curso, y con él, la exigencia de respuestas claras y responsables.
