Este miércoles 21 de mayo de 2025, en Jamundí, Valle del Cauca, terminó un calvario de 18 días para la familia de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años que fue secuestrado el 3 de mayo en su propio hogar, en el corregimiento de Poterito. La liberación, sin embargo, no llegó sino después de que la familia accediera a pagar una suma considerable para rescatarlo.

El secuestro fue un episodio violento y abrupto: cerca de las 6:30 de la tarde del 3 de mayo, al menos cinco hombres armados, con los rostros cubiertos, irrumpieron en la casa familiar. Imponiendo miedo y sometimiento, retuvieron a los presentes y se llevaron a Lyan José descalzo y sin camisa. Durante su cautiverio, el niño sufrió esposaduras y amenazas con un arma táser, según relata su tío, Sebastián Bonilla.

La familia, según Bonilla, se enfrentó a un vacío y demora en la respuesta de las autoridades, que no logró despejar las dudas ni avanzar en la investigación. Este abandono provocó que la familia se sintiera forzada a ceder ante los captores, pagando el rescate indicado para asegurar la liberación del menor. Aunque el monto exacto se mantiene en reserva, la suma fue calificada como importante.

La historia, más allá de la tragedia del secuestro, abre espacios para cuestionar la eficacia de las instituciones encargadas de proteger y esclarecer estos hechos. ¿Cómo es posible que, mientras un niño permanecía cautivo, la familia terminara optando por financiar a delincuentes ante la aparente inacción estatal? La mediación de la Defensoría del Pueblo fue finalmente la llave que permitió devolver a Lyan José a su hogar, dejando a su paso un silencio incómodo.

¿Podrá esta experiencia desencadenar una reflexión profunda sobre los procedimientos de respuesta ante situaciones similares? Mientras tanto, en Jamundí, la historia de Lyan José permanece en la memoria y en la realidad de quienes esperaron pacientemente, con temor y esperanza, la vuelta de un niño que tuvo que pagar literalmente su libertad.