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Durante una audiencia realizada el pasado 23 de julio ante la Corte Suprema de Justicia, se conoció que la Fiscalía General de la Nación mantiene interceptado el teléfono del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como parte de una investigación que avanza en su contra.
La medida fue autorizada por un juez a petición de la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, y se encuentra en curso desde mediados de mayo. El caso está relacionado con la construcción de dos CAI de la Policía en Rionegro, obra que habría generado un presunto detrimento patrimonial cuando Rendón se desempeñaba como alcalde de ese municipio.
Las interceptaciones no solo comprometen al mandatario departamental. Al menos una decena de personas cercanas también estarían bajo seguimiento: funcionarios actuales de la Gobernación, exfuncionarios y contratistas de la administración municipal de Rionegro.
Con estas diligencias, la Fiscalía busca esclarecer si existieron irregularidades en la contratación y si estas derivaron en un posible daño al patrimonio público.
Pero, si estos CAI ya están funcionando desde hace 6 años, ¿A qué se deben estas interceptaciones?
Pues bien, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón en diálogo con Nos Cogió la Noche, dijo que el Gobierno Nacional ha buscado cualquier forma para desestabilizar a los mandatarios que no van con su ideología política y que han hecho fuerte oposición, en este caso, se refirió también a que desde la Fiscalía, interceptaron de forma abrupta su celular y la de otros exfuncionarios, con el que según el mandatario, lo usa para hablar con su familia, recibir llamadas de su conjunto residencial e incluso, diálogos con medios de comunicación, y que estos CAI funcionan correctamente, cumplieron los lineamientos y las debidas contrataciones.
Además, en su última visita a Medellín, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, afirmó que el gobernador estaba imputado, luego, desde la Fiscalía se pronunciaron y dijeron que había sido una equivocación por parte de la Fiscal y que el mandatario de los antioqueños no había sido imputado,
Es por lo anterior que el gobernador recusó a la fiscal al considerar que detrás de estas expresiones existiría una persecución política en su contra. Rendón ha señalado que se trata de un proceso con motivaciones que van más allá de lo jurídico y que buscan afectar su gestión al frente del departamento.
