📸 Cortesía: UNGRD / Colprensa
¿Corrupción en la sombra del poder?
Un acuerdo que estremece la política colombiana.
Bogotá, 22 de julio de 2025. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrenta un giro judicial que podría sacudir los cimientos del Gobierno, tras el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y María Alejandra Benavides Soto, exasesora de esa cartera. Benavides, que decidió convertirse en testigo colaborador, reveló cómo altos funcionarios habrían urdido un entramado de sobornos para garantizar la aprobación de millonarios créditos públicos vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El entramado, según el testimonio aportado, se tejió a finales de 2023. Bonilla, en alianza con Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, orquestaron una operación para aprobar con urgencia una línea de crédito internacional. El modus operandi: usar recursos y contratos de la UNGRD como moneda de cambio para asegurar el respaldo político en el Congreso. Así buscaban superar la crítica escasez de recursos frescos que enfrentaba el Gobierno para financiar proyectos estratégicos, en un momento delicado para la estabilidad económica nacional.
Benavides detalló ante la Fiscalía su papel activo en las gestiones con congresistas. Según su declaración, se ofrecieron contratos en municipios como Cotorra, en Córdoba; Saravena, Arauca; y El Carmen de Bolívar, para influir en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el órgano que emite dictámenes sobre los créditos públicos. Entre los legisladores mencionados está Karen Manrique, quien habría solicitado específicamente un contrato en Arauca, junto a otros miembros clave de la comisión. La Fiscalía advierte que el volumen de los contratos comprometidos podría alcanzar los 92.000 millones de pesos, diseñados no solo como incentivos, sino como herramientas de presión para conseguir la aprobación deseada.
Esta revelación desvela una sombra que ha estado erosionando la confianza en las instituciones. La colaboración de Benavides podría ser la llave para esclarecer cómo la política y el manejo de recursos públicos se entrelazan en prácticas poco transparentes que, de confirmarse, buscan manipular decisiones fundamentales para el futuro del país. La Fiscalía continúa las investigaciones, mientras la ciudadanía observa expectante, preguntándose si este será un punto de inflexión o una más de tantas esquinas oscuras en la construcción del poder.
Por ahora, las preguntas persisten: ¿podrá la justicia abrir la ventana hacia una verdadera transparencia? ¿Lograrán actores como Bonilla responder ante esta compleja red de acuerdos? Y, sobre todo, ¿qué costo pagará la democracia cuando la gestión pública se ve manchada por sobornos y compraventas políticas? La verdad, quizá, apenas comienza a salir de las sombras.
