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La mayoría de ministros del Gobierno Petro, excepto el de Defensa, no asistieron al debate de control político en el Congreso sobre decreto de emergencia económica
Este lunes 29 de diciembre en Bogotá, sólo el ministro de Defensa respondió ante el Congreso de la República durante el debate de control político convocado para explicar el Decreto 1390 de 2025, que declara la emergencia económica y social por 30 días. Los demás miembros del gabinete no asistieron, lo que generó una confrontación institucional con el Poder Legislativo y fue confirmado por fuentes cercanas a Caracol Radio.
El debate se convocó después de una sesión extraordinaria virtual realizada el pasado 27 de diciembre, cuando los congresistas citaron a todo el gabinete para detallar las razones, impactos y legalidad de la medida emitida el 22 de diciembre por el presidente Gustavo Petro. Este decreto, amparado en el artículo 215 constitucional, busca enfrentar la crisis fiscal causada entre otros factores por el rechazo a la reforma tributaria, que dejaría un déficit anual proyectado del 7,1 por ciento del PIB para 2025. Petro señaló la urgencia por las necesidades extras en sectores clave, como seguridad y salud, que requieren recursos adicionales de 3,7 y 3,3 billones de pesos respectivamente.
La ausencia masiva de los ministros respondió a una decisión de gabinete argumentada en el incumplimiento del plazo legal de cinco días para responder el cuestionario previo al debate. Armando Benedetti, ministro del Interior, advirtió que la citación contenía irregularidades, pues el Congreso notificó con fecha del 26 de septiembre pese a haber sido enviada el 26 de diciembre, lo que impidió el cumplimiento de los tiempos legales. “No pueden citar antes del vencimiento de este término”, declaró Benedetti durante la jornada.
La Presidencia confirmó la emisión del decreto que busca la recaudar 4.190 millones de dólares a través de gravámenes a los sectores de mayor capacidad económica para evitar recortes en inversión pública. Germán Ávila, ministro de Hacienda, respaldó la iniciativa argumentando el creciente déficit fiscal que pasó del 6,7 al 7 por ciento del PIB entre 2024 y 2025 y subrayó la necesidad de actuar con celeridad.
El decreto actualmente se encuentra a la espera de revisión por parte de la Corte Constitucional, que evaluará su constitucionalidad durante la vacancia judicial prevista para enero de 2026. La medida recibe críticas de sectores opositores por un presunto exceso del Ejecutivo en sus competencias. El presidente del Senado, Lidio García, defendió la autonomía del Congreso, mientras que Julián López, jefe de la Cámara, manifestó un respaldo parcial al gobierno. Este tema continúa siendo prioritario en la agenda política para cerrar el año, sin que por ahora se autoricen nuevos impuestos.
