📸 Imagen cortesía: Juan Diego Cano – Presidencia de la República. Imagen de referencia
¿Presidente descertificado?
Este lunes 22 de septiembre de 2025, en el imponente escenario de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió una polémica global al autodenominarse “presidente descertificado”.
La controversia se origina tras la decisión de Estados Unidos de sacar a Colombia de la lista de países que cumplen con la lucha contra el narcotráfico, una medida anunciada días antes. Petro denunció que la descertificación no penaliza a su gobierno ni a las instituciones colombianas, sino que constituye una sanción personal dirigida a él, por cuestionar abiertamente la política antidrogas estadounidense y su postura frente a la crisis humanitaria en Gaza.
En su intervención, Petro cuestionó con vehemencia el poder de EE.UU. para imponer sanciones sobre un mandatario elegido por su pueblo: “¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie?” La retórica del mandatario dejó clara la tensión entre la soberanía nacional colombiana y la influencia norteamericana, un pulso que trasciende a este caso puntual.
Pero la crítica de Petro fue más allá. Señaló directamente a la política antidrogas estadounidense —que, dijo, cuenta con el respaldo de la ONU— como responsable de agravar la crisis climática y desencadenar conflictos armados, vinculando esa política a la tragedia en Gaza, a las crisis migratorias y al empeoramiento del clima global. Además, alertó sobre la militarización en la región, citando acciones de EE.UU. cerca de Venezuela como parte de un enfoque que termina victimizando a los países del sur.
Esta declaración refleja no solo un desencuentro diplomático, sino un choque de narrativas en una región atrapada entre políticas internacionales que a menudo la colocan en el centro de disputas geopolíticas. La medida estadounidense, con su dimensión simbólica y práctica, plantea una pregunta inquietante sobre los límites de la soberanía en un mundo donde las sanciones personales pueden erosionar la legitimidad electoral y política.
Mientras el globo observa, queda la interrogante: ¿podrá Colombia mantener su independencia política sin ceder ante las presiones externas o la descertificación es solo un síntoma del pulso entre poder y democracia? El debate apenas comienza y las repercusiones en la política hemisférica serán una historia para seguir.
