La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica en Colombia para cubrir un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos. La medida fue adoptada por seis votos a favor y dos en contra el 29 de enero de 2026, frenando temporalmente las disposiciones que imponían nuevos impuestos en el país.
La suspensión abarca igualmente los Decretos 1474 de 2025 y 044 de 2026, los cuales afectaban directamente el sistema tributario nacional. En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón celebró la decisión y recordó que ya había anunciado que el departamento no acataría estas medidas fiscales desde mediados de enero por considerarlas inconstitucionales. “Este fallo respalda la excepción de inconstitucionalidad que planteamos y protege la imagen fiscal de Antioquia”, afirmó Rendón.
La suspensión no es definitiva y la Corte seguirá revisando el fondo del asunto en las semanas próximas. Sin embargo, obliga al Gobierno Nacional a tomar vías ordinarias para la planeación fiscal de 2026, generando así incertidumbre en el manejo económico. Expertos han señalado que el déficit alegado obedece a problemas fiscales estructurales y no situaciones excepcionales, por lo que insisten en resolverlo dentro del marco legislativo común.
El presidente Gustavo Petro criticó la medida y advirtió que la decisión prolongará la crisis fiscal del país y obligará a socializar sus costos con la sociedad. La Corte pidió mayor evidencia y rigor para justificar futuras emergencias económicas a fin de no afectar derechos sociales y tributarios de la población.
Ante esta incertidumbre, organizaciones autónomas y departamentos como Antioquia mantienen recomendaciones para «no afectar el bolsillo de las familias ni alterar los presupuestos municipales mientras se define esta materia.”
