📸 Cortesía: D.R.A.
# ¿Embajada en tensión?
Un episodio que sacude la diplomacia latinoamericana.
Este lunes 2 de junio de 2025, el Gobierno de Colombia manifestó un **enérgico rechazo** ante las órdenes de captura emitidas desde Guatemala contra dos de sus altos funcionarios: Iván Velásquez Gómez, embajador designado ante el Vaticano, y la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. La medida judicial, dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones guatemalteca, surge a instancias de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que los acusa de varios delitos vinculados al escándalo Odebrecht durante su paso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Para Colombia, esta acción representa una **preocupante instrumentalización** de la justicia internacional. Así lo explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial, enfatizando que la orden carece de sustento jurídico y atenta contra los pilares que sostienen la cooperación judicial y diplomática entre países. La canciller Laura Sarabia expresó “profunda preocupación” por lo que calificó como una decisión que pone en jaque la confianza entre Estados hermanos.
En el centro del conflicto están acusaciones de “asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión” que, desde la mirada colombiana, se sustentan en pruebas insuficientes y obedecen a intereses que van más allá del campo legal. La creciente tensión pone en cuestión no solo el futuro inmediato de Velásquez y Camargo, sino también la estabilidad y las reglas no escritas que regulan la relación entre Guatemala y Colombia.
Mientras los canales diplomáticos se activan para buscar soluciones formales y evitar un escalamiento mayor, la ciudadanía y los analistas se preguntan: ¿qué intereses políticos o judiciales están en juego detrás de estas órdenes? ¿Podrá la cooperación entre ambos países recuperarse tras esta fractura?
La respuesta aún no está escrita, pero este caso recuerda que, en la arena internacional, la justicia es mucho más que una cuestión legal; es un campo cargado de poder, estrategias y sombras que impactan, inevitablemente, a las personas que representan a sus naciones.
¿Será posible avanzar hacia una resolución donde la justicia no sea moneda de cambio para disputas políticas? La incertidumbre persiste, y en el corazón de esta crisis se encuentra la frágil relación entre confianza y poder en la diplomacia regional.
