Cortesía Universidad de Antioquia
El Ministerio de Educación Nacional removió al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, mediante la Resolución 025421, firmada el 29 de diciembre de 2025, y designó a Héctor Iván García García como nuevo rector encargado por un año prorrogable. La decisión generó un fuerte rechazo por supuesta intromisión del Gobierno y violación a la autonomía universitaria por parte de autoridades regionales.
La medida responde a incumplimientos en el plan de mejoramiento institucional impuesto por el Ministerio, ante la crisis financiera y administrativa que enfrenta la universidad durante 2025. Según informó Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, se evidenciaron problemas de liquidez y deterioro financiero, que limitaron el normal funcionamiento y pusieron en alerta a la dependencia estatal. Moreno explicó que inicialmente un funcionario de la institución fue asignado para monitorear las condiciones, manifestando que la administración anterior habría obstaculizado esta labor.
El diputado Luis Peláez calificó la intervención como una extralimitación del Gobierno y anunció que presentará una demanda ante el Consejo de Estado por violar el debido proceso y suplantar al Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la universidad. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó también la posesión del nuevo rector y anunció que se estudiarán acciones legales para evitar la continuidad de la decisión que, según él, equivale a una usurpación de funciones.
Hasta el momento, la Universidad de Antioquia no se ha pronunciado oficialmente, ya que, según informes del Ministerio, el rector Arboleda aún no ha sido notificado personalmente, requisito legal para la validez y efectos de la resolución administrativa. Este hecho ha reavivado los debates sobre la autonomía universitaria que la Constitución protege, permitiendo intervención estatal solo en circunstancias excepcionales que afecten el orden académico o administrativo.
El nuevo rector encargado tendrá la tarea de implementar acciones necesarias para resolver los problemas administrativos encontrados y asegurar la sostenibilidad institucional, con posibilidad de prorrogar el cargo conforme a los resultados que se presenten en el futuro inmediato. Las autoridades nacionales mantienen un seguimiento estricto y anunciaron que continuarán evaluando la situación para definir nuevos pasos, según la evolución financiera y administrativa de la universidad.
