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¿Traición en la sombra del Senado?
Un martes tenso, 3 de septiembre de 2025, la tranquilidad política en Colombia se fracturó en el Senado. Ana María Castañeda, senadora de Cambio Radical, rompió con el silencio impuesto por una sanción partidista y emitió su voto en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Aquello no era un acto espontáneo: la decisión de Castañeda provocó un escándalo que sacudió su colectividad y encendió un debate profundo sobre los límites entre la autonomía parlamentaria y la disciplina interna.
El origen del conflicto se remonta a julio de 2025, cuando Cambio Radical suspendió por un año el derecho a voz y voto de Castañeda y del senador Temístocles Ortega. Esta medida disciplinaria nació como respuesta a la desobediencia de ambos en una votación crucial acerca de una consulta popular impulsada por el Gobierno. La sanción fue clara: un llamado a mantener la cohesión interna en tiempos de alta tensión política. Sin embargo, el destino judicial introdujo dudas. El 2 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó una medida cautelar provisional que suspendía temporalmente los efectos de aquella sanción, abriendo una puerta a la intervención de Castañeda en el Congreso mientras se resolvía la apelación.
Fue apenas un interludio. En horas, el 3 de septiembre durante una sesión extraordinaria, el CNE revirtió esa cautelar. La sanción volvió a tomar fuerza legal y, con ella, el mensaje de Cambio Radical fue contundente: Castañeda estaba impedida de participar en las decisiones parlamentarias. Pero la senadora prefirió la rebelión. Desafiando la revocatoria, asistió y votó en la elección del magistrado, un acto que para su partido representa una “traición flagrante” y una amenaza directa a la disciplina y al orden jurídico interno del Congreso.
Las consecuencias no tardaron en llegar. El 5 de septiembre, Cambio Radical formalizó una denuncia penal contra Castañeda ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y fraude procesal. Esta medida agrava la crisis interna del partido, que se ve ahora enfrascado en un dilema sobre la capacidad de censurar y controlar a sus propios miembros versus el respeto a la autonomía parlamentaria, principio esencial en una democracia.
La situación de Ana María Castañeda abre preguntas sobre las tensiones que habitan la política colombiana: ¿Hasta dónde puede llegar la disciplina de partido sin coartar la voz de los representantes? ¿Qué implica para la estabilidad institucional que una sanción interna pueda ser temporalmente anulada y luego restablecida? El Senado, el partido y la justicia enfrentan ahora un episodio oscuro que pone en escena no solo normas y votos, sino también lealtades, autoridad y el frágil equilibrio del poder.
¿Podrán las instituciones esclarecer esta fractura mientras la ciudadanía observa expectante? La política no solo es la arena de los grandes pactos, sino también un espacio donde el conflicto y la consecuencia se confunden en la búsqueda de un orden democrático. El caso Castañeda, con sus claroscuros, no es sino un reflejo más de ese complejo entramado.
