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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, descartó un aumento al impuesto de los movimientos financieros del 4×1.000 al 5×1.000 en la actual emergencia económica, tras desmentir la circulación de un documento falso atribuido a su cartera. En cambio, el Gobierno estudia un ajuste progresivo al impuesto al patrimonio para personas jurídicas con altos capitales, con el fin de fortalecer el recaudo sin incrementar la deuda pública.
Ávila aseguró que «es absolutamente falsa esa información. No ha considerado el Gobierno el establecimiento del 5×1.000», al referirse al supuesto borrador normativo que no corresponde a ningún cálculo oficial del Ministerio de Hacienda. Añadió que no existe una propuesta para aumentar el gravamen a los movimientos financieros durante la emergencia.
El titular de Hacienda confirmó que el Ejecutivo evalúa un sistema escalonado del impuesto al patrimonio, con exención para bienes hasta 2.000 millones de pesos, incluyendo la vivienda principal. A partir de ese límite, las tarifas se fijarían entre 0,5 % y 5 % según el tamaño del patrimonio, buscando resguardar a los sectores medios y enfocar la carga tributaria en los contribuyentes de mayor riqueza.
Además, el plan incorpora un mayor aporte del sector financiero, señalado por el Gobierno como poseedor de utilidades «muy significativas» en años recientes. Con estas medidas, la administración proyecta recaudar más de 4 billones de pesos, recursos destinados a inversión social prioritaria.
El ministro enfatizó que el equilibrio fiscal se apoyará en la combinación de aumento de ingresos tributarios y reducción del gasto, sin recurrir masivamente a la deuda. Indicó que ya se aplicaron recortes por 14,3 billones de pesos entre aplazamientos y reducciones, e insistió en “evitar al máximo” financiar el ajuste vía endeudamiento.
Este debate transcurre en medio de la emergencia económica declarada después del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, a pesar de que el Presupuesto General de 2026 fue aprobado bajo esa premisa. Ávila explicó que además de la negativa legislativa, recientes sentencias de la Corte Constitucional obligan a destinar 3,3 billones adicionales al sistema de salud y atender nuevas presiones en seguridad y manejo de desastres, generando un desequilibrio que el Gobierno busca corregir con las medidas anunciadas.
