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El Tribunal Superior de Bogotá definió la sala que revisará la apelación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes fueron enviados a prisión preventiva en diciembre de 2025 por presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano fue nombrada ponente para elaborar la ponencia que analizará el caso. La ponencia será evaluada también por los magistrados Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal, encargados de decidir la legalidad de la medida de aseguramiento intramural.
Bonilla y Velasco están imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Solicitan cambiar su detención en centro carcelario por detención domiciliaria. Sus defensas aluden a violaciones al debido proceso y desconocimiento de pruebas por parte de la magistrada de primera instancia Aura Alexandra Rosero Baquero, quien ordenó su reclusión pese a que la Fiscalía había pedido la detención domiciliaria. Según la investigación, ellos dirigieron desde mayo de 2023 a febrero de 2024 contratos que suman más de 612.000 millones de pesos en la UNGRD e Invías, a cambio de respaldos legislativos al Gobierno de Gustavo Petro.
Actualmente, Ricardo Bonilla está recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía en Bogotá y Luis Fernando Velasco en la Escuela de Carabineros de Cali. El recurso de apelación fue asignado a la magistrada Chamat tras una declaración de incompetencia inicial y remisión del expediente a otro magistrado; sin embargo, la sala de gobierno resolvió la reciente designación.
Entre las pruebas se destacan testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, que señalan reuniones en Casa de Nariño el 27 de febrero de 2024 donde se estructuró el presunto esquema.
Velasco ha rechazado todas las imputaciones: “Nosotros no nos apropiamos de un solo centavo… No me reuní con nadie de Invías», expresó, además de cuestionar la imparcialidad del proceso judicial. Bonilla mantiene su inocencia y dice estar retirado de la política.
La resolución que defina la apelación tendrá impacto en el camino judicial dado el perfil y alcance de los hechos denunciados, que también involucran a otros exfuncionarios y congresistas como Sandra Ortiz, Iván Name y Andrés Calle. Esta designación evidencia la prioridad que otorga el tribunal en analizar la medida por la corresponsabilidad de altos funcionarios en posibles conductas irregulares.
La comunidad sigue atenta al desarrollo del proceso dentro del sistema judicial y a sus implicaciones institucionales.
