Estados Unidos reforzó la estrategia para controlar el petróleo venezolano bajo la presidencia de Donald Trump, con planes de recibir entre 30 y 50 millones de barriles de crudo mediante acuerdos con autoridades interinas en Caracas. La iniciativa incluye la supervisión directa de ingresos y comercialización del petróleo venezolano, orientación confirmada por el secretario de Energía, Chris Wright, quien dijo que el país planea comercializar este crudo en el mercado internacional de manera indefinida.
La política está liderada por la Administración Trump, que además decidió capturar al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y respalda instancias temporales en Venezuela. Compañías como Chevron, Vitol y Trafigura han reactivado operaciones en el sector petrolero venezolano. Expertos de Citi, Fidelity y Allianz en geopolítica energética han evaluado las implicaciones enfrentadas por esta maniobra.
El movimiento se intensificó tras el arresto de Maduro y fue dado a conocer oficialmente por Trump el 7 de enero de 2026, cuando anunció la transferencia de petróleo hacia Estados Unidos. La medida tiene como terreno principal a Venezuela, país miembro fundador de la OPEP y con las mayores reservas petroleras probadas, y a Estados Unidos, que desea asegurar crudo pesado para sus refinerías en la Costa del Golfo.
El interés de Washington apunta a incrementar su dominio energético, desplazar otros jugadores como China, Rusia, Irán y Cuba del comercio de crudo venezolano y aprovechar las enormes reservas para fortalecer su influencia geopolítica. Según un titular académico, esta acción se enmarca en la vieja doctrina del uso político del “petróleo como arma”.
El mecanismo combina control financiero, apoyo político y presencia militar en el Caribe, además del fomento a un nuevo esquema contractual para atraer petroleras occidentales, en medio de una infraestructura petrolera caraqueña dañada y una producción estancada de 900.000 a 1.000.000 de barriles diarios. La OPEP+, con Arabia Saudita y Rusia al frente, confirmó la decisión de mantener su oferta sin cambios hasta abril del 2026 por la estabilidad en el suministro global, lo que limita por ahora las consecuencias en los precios internacionales del crudo.
Ante esta compleja situación, se espera que los actores regionales y globales monitoreen de cerca la evolución del mercado energético y los desarrollos políticos para medir el alcance final de la estrategia estadounidense en Venezuela.
