¿Tumbar la consulta?
Este jueves 29 de mayo de 2025, un giro inesperado sacudió el ambiente político de Bogotá: el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, abrió la posibilidad de desactivar la consulta popular vinculada a la reforma laboral si esta avanza con éxito en el Congreso.
El anuncio en entrevista con Blu Radio sorprendió, pues hasta ahora la consulta había sido presentada por el Gobierno como un seguro imprescindible para legitimar las reformas sociales. Sanguino advirtió que si la reforma laboral «llega a darse en el Senado y luego pasa por la conciliación con la Cámara, podrían llevar a que el gobierno desactive la convocatoria a una consulta popular». La intención, según explicó, sería evitar un proceso adicional que podría ralentizar la implementación de los cambios aprobados.
La consulta popular, presentada oficialmente el 28 de mayo, incluye un total de doce preguntas diseñadas para refrendar aspectos centrales de la reforma laboral y de cambios en el sistema de Salud. Fue impulsada inicialmente como un mecanismo para asegurar la participación ciudadana y solucionar los bloqueos legislativos que ha tenido la reforma. En meses recientes, el ministro Sanguino reconoció que gracias a esta herramienta “se pudo revivir esta reforma” y la calificó como el “seguro de vida de la reforma laboral y de las reformas sociales”.
El **proyecto de reforma laboral** ha avanzado con pasos firmes en el Senado. El 19 de mayo, durante una audiencia pública en la Comisión Cuarta, se discutieron los puntos clave del proyecto, donde buscaron consensos para adaptar el texto a un enfoque más humano y equilibrado. Esta negociación delicada refleja la presión política y social que rodea la reforma, que toca intereses diversos y despierta resistencia en sectores gremiales y sindicales.
Mientras tanto, las autoridades legislativas trabajan en una conciliación con la Cámara de Representantes que podría sellar la aprobación definitiva en próximas semanas. El anuncio de Sanguino, sin embargo, plantea una pregunta inquietante: ¿se utilizará el avance en el Congreso como excusa para eliminar la consulta ciudadana y evitar un referendo que podría ser incómodo o incierto para el Gobierno?
El movimiento sugiere que el Ejecutivo busca agilizar el proceso de reforma sin dar espacio a una posible intervención popular que podría frenar o modificar el contenido legislado. Pero ¿qué gana la democracia si se diluye la participación directa? En un contexto donde la ciudadanía reclama mayor voz y transparencia, la desactivación de la consulta podría ahondar el vacío de confianza en las instituciones.
A partir de este 29 de mayo, el tablero político se reconfigura: la reforma laboral avanza bajo la sombra de una posible consulta que podría ser suspendida. ¿Será un paso hacia la eficiencia o un retroceso en la legitimidad democrática? La respuesta, aún incierta, define no solo el futuro del trabajo en Colombia, sino también la calidad de la democracia participativa.
¿Podrá el Gobierno equilibrar la rapidez legislativa con el derecho ciudadano a decidir? El debate apenas comienza.
