📸 Imagen cortesía Universidad de Antioquia
[VIGILANCIA EN LA UDELA: ¿SALVACIÓN O ALERTA?]
Un susurro de alarma sonó fuerte este 29 de julio en Medellín.
Ese día, el Ministerio de Educación Nacional dictó medidas urgentes de vigilancia especial sobre la Universidad de Antioquia, la emblemática alma mater que hoy enfrenta un peligroso desbalance financiero. Oficializada el 1 de agosto por la Resolución 016105, la medida no solo revela la crisis de liquidez y control interno que padece la UdeA, sino también el riesgo latente para uno de los derechos más fundamentales: una educación superior de calidad.
El Ministerio fue tajante: los números no mienten. Se detectaron “graves riesgos asociados a la liquidez, limitaciones en el control del gasto, disminución de la capacidad operativa y deficiencias en la gestión”. La amenaza es clara: sin un manejo austero y eficiente, la continuidad misma del servicio educativo pende de un hilo.
La respuesta estatal fue inmediata. Se designó un inspector in situ, un vigilante permanente de los recursos públicos que, según la resolución, deben destinarse exclusivamente a fines académicos y misionales. Además, la UdeA debe entregarle al Ministerio un plan urgente de mejoramiento que abarque los frentes administrativo, financiero y académico; un mapa para salir del laberinto que el Gobierno acompañará técnicamente hasta ver resultados tangibles.
Es relevante el contexto: a corte de octubre de 2024, la universidad arrastraba un déficit proyectado de $136.900 millones, resultado de una crisis sostenida que golpeó con fuerza pese a intentos de medidas austeras cuyos ahorros se mostraron insuficientes. Sin embargo, en medio de esta tormenta, el Estado no ha dado la espalda. De hecho, las transferencias crearon un puente con recursos que subieron de $540.000 a $676.000 millones entre 2022 y 2025, buscando sostener la estructura institucional y dar respiro financiero.
¿Será esta intervención un cimiento para la reconstrucción o un paso hacia un control asfixiante? La universidad, sus estudiantes y docentes esperan que, más allá de números y planillas, la vigilancia se traduzca en salvaguarda de la educación pública y en una hoja de ruta que permita superar el vacío que amenaza el futuro académico en Antioquia.
El Ministerio vigila, la UdeA debe responder, y la comunidad universitaria observa. ¿Podrá esta alianza técnica y fiscal devolver la confianza erosionada? La pregunta queda abierta, mientras el reloj corre y el país mantiene la mirada fija en la universidad que busca renacer desde la crisis.
