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¿Ética en juego: un nuevo rostro para la vigilancia congresional?
En Bogotá, la mañana del 26 de agosto de 2025 quedó marcada por una elección que, a simple vista, podría parecer rutinaria, pero que enciende luces sobre la búsqueda de integridad en el Congreso colombiano. Juan Fernando Espinal, representante por Antioquia y miembro del Centro Democrático, fue designado presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista para el período 2025-2026, cargo que asume con 14 votos a favor, en una decisión que reverbera más allá de sus muros.
Esta comisión, cuya función es velar por el comportamiento moral y disciplinario de los congresistas, tiene hoy un papel clave en la lucha contra la desconfianza que amenaza a las instituciones legislativas. Desde Bogotá, Espinal, consciente del peso que implica su responsabilidad, afirmó con firmeza: “Estoy listo para asumir este reto con toda responsabilidad”, y prometió actuar sin influencias partidistas ni presiones externas, aferrado al marco constitucional que encarna la base del Estado de derecho.
La elección se produjo en una sesión formal que también eligió a Hugo Alfonso Archila Suárez, liberal por Meta, como vicepresidente, miembro que igualmente contó con 14 votos. Pero el foco se centra en Espinal, pues la comisión que liderará debe enfrentar una agenda incómoda: examinar posibles conflictos de interés, faltas al régimen de inhabilidades, y dirimir investigando recusaciones que empañan la legitimidad de la labor congresional, como ocurría en debates recientes sobre la polémica Reforma a la Salud.
¿Es solo una silla más en el tablero del Congreso o un intento real por fortalecer la transparencia? La ciudadanía, cada vez más exigente, parece esperar que esta designación no sea una mera formalidad, sino una oportunidad para erosionar la sombra de la impunidad que suele ocultarse bajo los pasillos del poder. En un contexto donde la ética pública se convierte en moneda de cambio, la mirada se vuelve crítica y vigilante. Espinal, con su discurso de compromiso y autonomía, deberá demostrar que la justicia interna del Congreso puede avanzar sin dilaciones ni favoritismos.
Mientras tanto, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista se mantiene como un termómetro indispensable para medir la salud de la política colombiana. ¿Podrá esta nueva presidencia disipar la incertidumbre que rodea la conducta parlamentaria? La respuesta, por ahora, queda suspendida entre las expectativas y la realidad que solo el tiempo podrá esclarecer.
