Los millones de visitantes que recibe Venecia cada año, junto con un desarrollo repentino y el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático podrían tener a esta icónica ciudad italiana al borde de ser considerada en riesgo por la Unesco. Venecia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por esta entidad en 1987.
Al ser Patrimonio de la Humanidad, Venecia debe tener altos estándares de conservación, pero en los últimos años estos se han visto incumplidos. Esto tiene que ver con el aumento excesivo en el turismo ‘light’ sin fines culturales que experimenta la ciudad y que deja como resultado un daño al patrimonio y del que sus habitantes ya se han quejado en diferentes ocasiones.
De acuerdo con la Unesco, las autoridades italianas no han hecho lo suficiente para revertir una posible situación de peligro, y la única medida fuerte hasta el momento no parece dar resultados. El Gobierno italiano decidió prohibir a los buques y cruceros navegar por el puerto, pero la medida es insuficiente para proteger a una de las ciudades más históricas del país, su laguna y sus canales.
En septiembre, los Estados miembros de la Unesco votarán frente a la decisión de declarar a Venecia un Patrimonio de la Humanidad en riesgo. Esta medida ya se había propuesto en 2021, cuando otros tres lugares históricos del país fueron admitidos en esta lista. Sin embargo, por asuntos de emergencia en la agenda del país no se llevó a cabo esta implementación.
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La Alcaldía de Venecia ya está al tanto de las recomendaciones y estrategias de la Unesco, y leerá detenidamente la propuesta por este organismo de la ONU. Por el momento, se espera que, entre el 10 y el 15 de septiembre, el Comité de Patrimonio Mundial vote en Arabia Saudita sobre esta recomendación.
Hace pocos días, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, estableció que firmaría “la ordenanza por la que se introducen limitaciones en el horario de los negocios públicos y algunas actividades del sector de la alimentación y medidas organizativas para los negocios”, esto, con el objetivo de “conciliar el derecho de los residentes a la paz y al descanso nocturno con las necesidades de las actividades económicas”.
