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Fiscalía imputa cargos a exministros Bonilla y Velasco por presunto «pacto criminal» en la UNGRD
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este lunes 1 de diciembre a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en un esquema de corrupción que implicó el uso irregular de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para comprar apoyos en el Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro.
Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, quien realizó la sostención en la audiencia llevada a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, a Bonilla y Velasco se les imputaron tres delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos. Ambos exministros negaron los cargos imputados y negaron comportamiento irregular durante la diligencia judicial.
La Secretaría acusatoria detalló que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se diseñó y puso en marcha una estructura criminal que habría direccionado proyectos y contratos de Invías y la UNGRD hacia congresistas, con la condición de que votaran favorablemente iniciativas como las de salud y pensiones. El cuantioso monto comprometido supera los 612.000 millones de pesos debido a 74 proyectos en Invías y junto a otros cinco cubiertos por la Unidad por valor agregado a 40.000 millones de pesos bajo estudio. No obstante, solo siete proyectos se materializaron antes del anuncio público de la investigación.
La Fiscalía también señaló la participación de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, estos ya condenados por hechos afines. Sneyder 敬 presentó declaración judicial e intentó desligarse, mientras Olmedo y Pinilla ofrecen colaboración como testigos anticipando presentación de charlas, documentos diversos y georreferenciaciones entre pruebas. María Alejandra Benavides, asesora en Hacienda, fue mencionada como partícipe.
Como seguimiento, el ente acusador solicitó el sometimiento a prisión preventiva para Bonilla y Velasco bajo la excusa de que representan riesgo para la sociedad, posibilidad cierta de fuga y la potencial alteración de evidencias presentes. Bonilla asistió presencialmente en Bogotá reiterando inocencia frente a medios, mientras Velasco calificó a López como antecedente irregular, manifestando que daños venían desde antes de su administración.
Este proceso es crítico para el mandato del presidente Gustavo Petro, agudizado por anteriores juzgamientos. Se expone un intento por asegurar apoyos políticos usando recursos públicos destinados a atender catástrofes, planteando dudas sobre la transparencia y autonomía de decisiones en el Congreso. Por esto, la Fiscalía invita a la ciudadanía a seguir pendiente de desarrollos procesales y a cooperar con cualquier hallazgo que permita mitigar filtraciones de corrupción en gestión pública regional y nacional.
