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¿Seguridad en jaque?
Este viernes 15 de agosto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) cerró la puerta a un aumento en el esquema de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de amenazas que tensan nuevamente la atmósfera política de la ciudad.
Pese a la alarma que encendió el propio mandatario al solicitar con urgencia refuerzos, la UNP, a través de su director Augusto Rodríguez, justificó la decisión en la falta de recursos y en la imposibilidad ética de reducir la protección de líderes sociales para dársela a figuras políticas. La medida se toma luego de reportes de inteligencia que apuntan a un posible atentado coordinado, supuestamente orquestado por el Frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes, según denuncias, habrían destinado cerca de 8 millones de dólares para llevar adelante el ataque. No obstante, este grupo armado negó categóricamente su participación, señalando que se trata de una estrategia de estigmatización y persecución política.
Los temores no son infundados. Informes oficiales revelan que los planes contra el alcalde incluyen el uso de explosivos, armas de largo alcance y la posibilidad de coordinación desde el interior de la cárcel de Itagüí. Situación que obliga a repensar los niveles de protección. Sin embargo, el esquema asignado a Gutiérrez fue reducido a la mitad durante este año, una reducción que él mismo ha denunciado como insuficiente frente al riesgo real que enfrenta.
Por su parte, la UNP asegura que el dispositivo vigente respeta el nivel de riesgo evaluado por el Comité de Evaluación y Recomendación de Medidas (Cerrem), y destaca que Medellín cuenta con un esquema amplio que incluye vehículos blindados y refuerzos policiales puntuales. “No es posible disminuir esquemas de protección para líderes sociales y destinarlos a políticos”, reiteró Rodríguez, subrayando la compleja balanza entre seguridad y recursos limitados.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación ha recibido las denuncias relacionadas, prometiendo avanzar en las investigaciones. La incertidumbre persiste, el riesgo se siente tangible, y la pregunta queda en el aire: ¿podrá la seguridad garantizar la integridad de quienes lideran la ciudad sin abandonar a los más vulnerables?
