📸 Cortesía: @SenadoGovCo / Colprensa
URIBE ACUSA A IVÁN CEPEDA DE FAVORECER A TESTIGO CLAVE EN SU CONTRA
Un roce que no sorprende.
El pasado 6 de junio de 2025, la tensión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda volvió a escalalar públicamente en medio del complejo proceso judicial que enfrenta Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
Uribe arremetió contra Cepeda acusándolo de financiar abogados defensores del testigo Juan Guillermo Monsalve, piedra angular en su juicio. Las declaraciones emergieron tras un testimonio crucial de Ancízar Barrios, exinvestigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien reveló que Monsalve apeló una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el apoyo de un abogado vinculado a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entidad que habría recibido donaciones del senador Cepeda.
Otra trampa se acumula, otro favor del senador Cepeda a Monsalve, afirmó Uribe en su cuenta de X, refiriéndose específicamente a Eduardo Matías Camargo, abogado de dicha fundación, quien en junio de 2018 presentó un recurso legal a favor de Monsalve para que fuera aceptado como víctima de justicia transicional bajo el régimen para desmovilizados paramilitares.
El testimonio de Barrios, con 35 años en la Fiscalía General, sostiene que se realizaron tres informes oficiales para esclarecer si Monsalve perteneció efectivamente a estructuras paramilitares. Una de esas investigaciones tuvo lugar en la JEP, organismo creado para atender casos derivados del conflicto armado y con estándares propios, pero también bajo la mira de actores políticos que cuestionan su legitimidad.
Este cruce no es casual. El conflicto entre Uribe y Cepeda, antagónicos históricos, refleja una disputa mucho más profunda sobre memoria, verdad y justicia en Colombia. El expresidente busca deslegitimar a Monsalve y a quienes lo apoyan, mientras Cepeda aparece como un defensor de las víctimas y testigos que podrían aportar a esclarecer hechos dolorosos para el país.
Las acusaciones de Uribe plantean una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto las alianzas legales y políticas entre actores como Cepeda y fundaciones pueden influir o erosionar la confianza en procesos judiciales que aún permanecen inciertos? Esta tensión también desnuda la compleja relación entre la justicia ordinaria y las instancias especiales como la JEP, donde las verdades en disputa siguen siendo motivo de controversia pública.
Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante y crítica, en un escenario donde los testimonios, los apoyos financieros invisibles y las maniobras legales pueden determinar no solo el destino de un expresidente, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
