Uribe no iría a prisión: defensa puede frenar detención con tutela

📸 Cortesía: Colprensa
Expresidente Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno

En Bogotá, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó el viernes 1 de agosto de 2025 una condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Aunque se ordenó su detención inmediata, la medida aún no se ejecuta debido a posibles recursos legales presentados por la defensa.

El fallo judicial, que supera las 1.100 páginas, establece que Uribe habría intentado manipular testigos en 2017 y 2018 mediante emisarios para obtener declaraciones favorables de exparamilitares. La jueza argumentó la necesidad de la detención inmediata para preservar la convivencia pacífica y evitar riesgo de fuga. “La privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica…”, manifestó Heredia.

Sin embargo, la defensa y abogados penalistas calificaron esta decisión de arbitraria y anticipada. Víctor Mosquera, especialista en derechos humanos, indicó que la presunción de inocencia sigue vigente mientras se resolvían los recursos de apelación y que “la jueza actúa con sesgo y exceso, anticipando cumplimiento de sanción sin control superior”.

La prisión domiciliaria fue concedida en lugar de la ordinaria, basándose en la ausencia de antecedentes judiciales y la naturaleza de los delitos, conforme a la legislación vigente. Ante esta situación, la defensa anunció la presentación inmediata de un recurso de apelación para revisar el caso ante instancias superiores.

De acuerdo con lo establecido por la ley colombiana, la defensa podría frenar la detención mediante una acción de tutela mientras se espera la revisión del fallo. Las autoridades están atentas al desarrollo del proceso y a las posibles nuevas decisiones judiciales que se tomen a partir de esta apelación.

La opinión pública y el entorno político mantienen seguimiento a este caso que genera polémica en torno a la aplicación de la justicia en el país. Se recomienda estar atentos a comunicados oficiales y a los próximos pasos del proceso legal.

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