📸 Imagen cortesía: Sitio Web Centro Democrático
¿Indulto, polémica y memoria rota?
Este 29 de julio de 2025, la escena política colombiana se sacudió con un encontronazo virtual entre dos figuras emblemáticas: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro. La chispa fue una invitación directa —y cargada de responsabilidades— que Petro lanzó a Uribe a través de la red social X, instándolo a acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para esclarecer vínculos con el paramilitarismo en Antioquia.
Lo que empezó como un llamado a la verdad y reconciliación nacional se tornó en un duro intercambio de reproches. Petro escribió: “A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”. En su mensaje, el presidente no sólo defendió su deber institucional de proteger a Uribe y su familia, sino que también recordó el origen del Bloque Metro, aquel grupo paramilitar que marcó a fuego a Antioquia en los años 90.
La réplica no se hizo esperar. Uribe, quien recientemente sufrió una condena en primera instancia por fraude procesal y soborno, rechazó con vehemencia la invitación y cuestionó la legitimidad misma del presidente para lanzarla. “Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”, contestó Uribe, en un mensaje que desborda desconfianza institucional y evocaciones a un pasado turbulento.
Para ahondar la tensión, Uribe compartió un documento fechado en 1991, un papel que según él desmiente categóricamente lo dicho por Petro: engarza que este sí fue indultado luego de su paso por el M-19, contradiciendo la negación pública del mandatario. Petro, por su parte, mantuvo firme su postura y reiteró la invitación, convertido este duelo en una pulseada simbólica por la memoria histórica y la legitimidad política.
Este choque plantea preguntas inquietantes sobre el pasado reciente de Colombia y las heridas que aún no cicatrizan. ¿Puede la verdad encontrar camino entre acusaciones cruzadas y revanchas políticas? ¿O seguirá la polémica erosionando la confianza en las instituciones encargadas de juzgar y sanar? Mientras tanto, los ciudadanos observan, entre el desencanto y la esperanza, cómo se tejen otros capítulos de un país que parece atrapado en su propio pulso de justicia y olvido. ¿Podrá la JEP cumplir su misión bajo tan tensas circunstancias?
Este enfrentamiento entre dos pesos pesados de la política colombiana no es solo un intercambio de palabras; es una ventana al país fracturado, donde la historia no solo pesa, sino que condiciona el presente y desafía el futuro. La ciudadanía espera respuestas, no solo para entender qué ocurrió, sino para discernir qué significa todo esto para la paz y la justicia en Colombia.
