📸 Imagen cortesía: Sitio Web Centro Democrático
¿Cinco años para las sombras del pasado?
Este martes 9 de septiembre de 2025, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y figura central en la polarización nacional, hizo pública una petición que vuelve a sacudir los cimientos de la justicia transicional. Uribe instó a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) limite a un máximo de cinco años las condenas a militares implicados en delitos cometidos antes de 2016, en un momento crítico en que la JEP se apresta a imponer sus primeras sanciones a miembros de las fuerzas públicas por casos relacionados con el conflicto armado, en especial los llamados «falsos positivos».
En un video difundido a través de sus redes sociales, el exmandatario reafirmó su postura: “No se debe extender el periodo de la JEP y cualquier condena a un militar debe ser revisada. Si se confirma, la cárcel por delitos previos a 2016 no debe superar cinco años”. Uribe justifica esta solicitud argumentando que en la JEP se estarían ejerciendo “presiones indebidas” para que oficiales confesaran crímenes que, en su visión, no cometieron. “Hay oficiales que denuncian presiones para confesar delitos impropios y así evitar que sean condenados y encarcelados”, aseguró.
Esta defensa férrea de la institución militar encuentra sus raíces en el gobierno de Uribe (2002-2010), época en la que, según él, se actuó con celeridad frente a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales. En octubre de 2008, recordó, tras recibir informes del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, destituyó a 27 altos oficiales por su posible implicación en «falsos positivos». Además, el expresidente subrayó su colaboración clara y abierta con la Comisión de la Verdad para esclarecer estos episodios, al tiempo que señaló la existencia de muchos casos cuya responsabilidad aún resulta confusa.
Este pronunciamiento de Uribe vuelve a colocar sobre la mesa la delicada tensión entre justicia y reconciliación, impunidad y verdad, en un país que aún navega entre la memoria y la negociación con su pasado violento. ¿Podrán las sanciones limitarse al plazo que pide el exmandatario sin socavar el derecho a la justicia plena? ¿La percepción de “presiones indebidas” en la JEP es un llamado a revisar prácticas o un intento por dilatar y minimizar el alcance de estas sentencias? Frente a la inminente emisión de sanciones, el país se prepara para enfrentar estas preguntas sin respuestas fáciles.
Mientras tanto, la sociedad colombiana aguarda, quizás con resignación o esperanza, a que la justicia transicional no se convierta en un nuevo episodio de tensiones irresolubles. Porque, al fin y al cabo, los rostros de las víctimas siguen en la memoria y ninguna condena puede regresarles lo que siempre les fue arrebatado. ¿Será posible una justicia que satisfaga a quienes demandan verdad y a quienes piden clemencia? Solo el tiempo -y la fortaleza institucional- lo dirán.
