📸 Imagen Cortesía: D.R.A.
¿Justicia en pausa o victoria legal?
Este miércoles 2 de julio de 2025, en Pereira, Carlos Alberto Maya López, exalcalde de la ciudad, recuperó su libertad tras casi dos años de encarcelamiento preventivo.
Maya estuvo privado de libertad durante un año y 11 días acusado de presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la avenida Los Colibríes, una obra que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por irregularidades y daños patrimoniales cercanos a los 18 mil millones de pesos, según la Contraloría General de la República. A pesar de la gravedad de las imputaciones, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías decidió concederle la libertad debido al vencimiento de los términos procesales establecidos por la ley. Este fallo no solo afecta a Maya, sino también a otros cinco investigados vinculados al caso, quienes seguirán su proceso en libertad mientras la justicia busca esclarecer los hechos.
La decisión se fundamenta en la dilatada espera para el inicio del juicio oral, que, según la defensa del exalcalde, superó ampliamente los límites legales sin que el proceso avanzara. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría se opusieron a la solicitud de libertad. La complejidad del caso, sumada a trámites burocráticos ante el Tribunal Superior, ha provocado una demora que erosiona la confianza en la celeridad y eficacia judicial.
El exmandatario es investigado por una larga lista de delitos que van desde contrato sin cumplimiento de requisitos legales hasta peculado por apropiación, incluyendo presuntos fraudes procesales y falsedad ideológica. En el centro de la controversia, la obra pública que debía ser símbolo de progreso se ha convertido en emblema de corrupción y detrimento comunitario. Esta trama involucra también a otros funcionarios, como el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado García y los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristiz, quienes igualmente recobraron su libertad tras el mismo fallo.
¿Es esta resolución un triunfo de los derechos procesales o una demostración de las grietas en un sistema que aún no logra castigar efectivamente la corrupción? Mientras la justicia dilata sus tiempos, el vacío que deja esta pausa legal vuelve a la ciudadanía un eco inquietante: ¿podrá alguna vez Pereira sanar de esta herida y recuperar la confianza erosionada en sus instituciones públicas?
