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Despojo en Urabá: la tierra que nadie quiere devolver
Un vacío que duele.
En la región de Urabá, al noroccidente de Colombia, más de 70 predios —unas 4.000 hectáreas valoradas en más de 1,5 billones de pesos— permanecen reclamadas por víctimas del conflicto armado que denuncian haber sido despojadas y ahora exigen su restitución a la multinacional Chiquita Brands, propietaria a través de su filial Agrícola El Retiro.
Estos terrenos se ubican en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa, zonas clave por su cercanía al megaproyecto Puerto Antioquia, motor de intereses económicos y de estrategias territoriales. Lo que está en juego no es solo tierra: es memoria, justicia y reparación.
Este lunes, las víctimas formalizaron ante las autoridades —la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad de Activos Especiales— su reclamo, aportando pruebas documentales y exigiendo un proceso rápido que no dilate su derecho a la restitución. La paciencia, advierten, se agota.
El contexto es oscuro pero claro: en julio de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia condenó a siete exdirectivos de Chiquita Brands a 11 años de prisión y a pagar 13.800 millones de pesos. La razón fue su responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares que, en la década de los noventa, facilitaron el despojo violento de tierras a comunidades campesinas.
Sin embargo, organizaciones como la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), así como voceros de las comunidades afectadas, insisten en que la condena económica es apenas un comienzo. “La sanción monetaria no resarcirá el vacío que dejó la pérdida de la tierra. Lo que se requiere es que se actúe con rapidez”, explicó Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros. Su temor es que, sin una restitución efectiva, los predios terminen en manos estatales sin beneficiar directamente a las víctimas.
La incertidumbre persiste mientras el entramado jurídico y empresarial se tensa en un juego de poder donde la tierra parece ser la ficha que nadie quiere ceder. ¿Podrá la justicia y el Estado hacer sentir su presencia en un territorio marcado por la violencia y la impunidad? La ciudadanía exige respuestas urgentes, porque en Urabá, la tierra no solo se roba, sino que también se niega a retornar.
