📸 Cortesía: D.R.A.
¿PAZ TOTAL, VIOLENCIA REAL?
Colombia, 29 de junio de 2025. En medio de un escenario donde la violencia parece no tener tregua, el gobierno de Gustavo Petro sostiene su ambiciosa apuesta por la «paz total». Sin embargo, el camino hacia la desescalada del conflicto armado se bifurca entre avances limitados y crecientes preocupaciones ciudadanas.
Hasta la fecha, apenas cinco de las doce mesas de diálogo que el Ejecutivo dispuso para negociar con distintos grupos armados permanecen activas. Esas mesas corresponden a conversaciones con las bandas urbanas del Valle de Aburrá y Quibdó, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor de los Bloques y Frente, ligado a las disidencias de las FARC, y los Comuneros del Sur, quienes surgieron como facción disidente del ELN. La continuidad de estos procesos está marcada en buena medida por la fractura interna de otros grupos ilegales, que obliga al gobierno a mantener abiertas las negociaciones con facciones que se han escindido.
Por otra parte, tres mesas de diálogo fueron suspendidas tras denuncias cruzadas sobre incumplimientos entre el gobierno y los actores armados. Estos procesos interrumpidos involucran al Estado Mayor Central de las FARC, al ELN y a excomandantes paramilitares. Además, dos mesas enfrentan una inactividad casi total, reflejo de profundas diferencias irreconciliables, mientras que otras dos siguen en etapas preliminares sin un acuerdo de cese al fuego: las que buscan negociar con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Esta compleja realidad política ocurre en paralelo a un dinamismo preocupante en la criminalidad y la violencia armada. Según informes de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y fuentes vinculadas a estos procesos, la violencia no cede, y los indicadores oficiales dan cuenta de un aumento significativo, un índice que parece desafiar la retórica oficial.
Las ONG Vivamos Humanos y la Fundación para la Paz han denunciado que esta discordancia entre el optimismo gubernamental y la experiencia social real erosiona la confianza ciudadana. En comunidades golpeadas por la violencia, el vacío dejado por la justicia y la inseguridad cotidiana agudizan el escepticismo hacia una «paz total» que parece más una aspiración que una realidad tangible.
Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿podrá este gobierno reconciliar el sueño de la paz con un territorio fragmentado y violentado? La senda está plagada de sombras y contradicciones, y la ciudadanía espera respuestas claras que correspondan a su dolor y a sus anhelos.
