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# ¿Liderar es arriesgar la vida? Colombia en jaque por la violencia contra defensores
Un país bajo sombras.
Entre enero de 2016 y noviembre de 2025, Colombia ha visto caer a 1.865 líderes sociales y defensores de derechos humanos, víctimas de una violencia que parece no tener tregua. Así lo revela el más reciente informe de Indepaz, que no duda en calificar este fenómeno como «un fracaso sostenido del Estado» en proteger a quienes se atreven a alzar la voz por sus comunidades.
La cifra es contundente y se sustenta en datos equivalentes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones como Somos Defensores. Inevitablemente, esta violencia no hizo más que recrudecerse desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Basta mirar el primer trimestre de 2025 para encontrar un aumento del 43% en homicidios de líderes sociales respecto al año anterior. ¿Qué ha fallado?
El mapa de la violencia no es casual. Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá concentran la mayor cantidad de estos crímenes. Tumaco, en el departamento de Nariño, emerge como el municipio más peligroso con 73 homicidios desde 2016. Mujeres defensoras también están en la mira: al menos 317 han sido asesinadas desde entonces. El poder de la palabra, la resistencia campesina, indígena y ambiental se vuelve blanco constante, especialmente en territorios marcados por la sustitución de cultivos ilícitos y la defensa de tierras ancestrales.
Pero, ¿quiénes son estos verdugos? El sicariato – una práctica letal y sistemática – corre bajo la sombra de estructuras criminales locales con lazos evidentes al narcotráfico y la minería ilegal. Pese a esto, en más de la mitad de los casos no se ha logrado identificar a los responsables materiales. Entre los que sí se señalizan, un 28% pertenecen a grupos disidentes surgidos tras la firma del acuerdo de paz, seguidos por un 14% atribuido a las disueltas FARC.
El entramado resulta complejo: un Estado debilitado, economías ilegales que prosperan y una sociedad donde el liderazgo comunitario se torna cada vez más peligroso. Las autoridades, a la fecha, no han logrado revertir esta tendencia mortal que golpea el corazón del país.
¿Podrá Colombia garantizar que defender los derechos humanos no sea una sentencia de muerte? La pregunta queda suspendida, mientras la violencia sigue escribiendo una tragedia sin final claro. La esperanza se encoge, ante un Estado que, hasta el momento, parece haber dejado solos a sus líderes más valientes.
