Foto: Cuenta de X de Nicolás Maduro
El pasado 26 de enero, la Sala Político Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilidad interpuesta por la Contraloría General de la República hacia María Corina Machado de ejercer funciones públicas durante 15 años. Machado sería la candidata de la oposición que se enfrentaría a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales.
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Esta decisión fue rechazada por la candidata y su partido Vente Venezuela, así como por el sector de la oposición y de otros políticos de oposición del régimen de Nicolás Maduro, a quienes también se les negó la demanda en contra de su inhabilidad política esta semana. Sin embargo, a nivel internacional esta acción tuvo una fuerte repercusión.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó las medidas determinadas por el TSJ en contra de Machado. Señaló a Nicolás Maduro de estar siendo inconsistente con su compromiso pactado en el Acuerdo de Barbados, para garantizar elecciones libres y democráticas en el país.
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Sin embargo, lo que resultaría más grave para Venezuela sería una nueva lista de sanciones por parte de Estados Unidos. Algunas de ellas ya habían sido retiradas desde el último trimestre del año, cuando el Gobierno de Venezuela liberó a varios presos políticos como muestra de compromiso con este Acuerdo.
Sin embargo, debido a este perfilamiento en contra de Machado y de otros políticos de oposición, el Departamento de Estado, a través del portavoz Matthew Miller, aseguró que la nación estaría revisando su política de sanciones a Venezuela, teniendo como base este hecho y otros ataques recientes a la oposición democrática y la sociedad civil.
