📸 Imagen cortesía: Captura de pantalla. Video tomado de la cuenta de X de William Dau Chamatt
¿Justicia a medias en Cartagena?
Este jueves 6 de noviembre de 2025, en Cartagena, se presentó una acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, luego de que William Dau Chamatt, exalcalde de la ciudad, fuera sancionado con destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos.
El caso se remonta al primero de noviembre, cuando la Procuraduría anunció la sanción a Dau por una supuesta participación política indebida durante las elecciones legislativas de 2022. Según la entidad, un audio difundido por WhatsApp mostraba al entonces alcalde respaldando explícitamente a dos candidatas vinculadas a una coalición política específica, una conducta prohibida para funcionarios públicos que debe mantener neutralidad e imparcialidad. Esta conducta fue calificada como una “falta gravísima cometida a título de dolo” que atentaba contra los principios de moralidad administrativa.
Sin embargo, la defensa de Dau denuncia una falta grave por parte de la Procuraduría: no ha recibido el texto completo del fallo disciplinario. Apenas tiene acceso a actas de audiencias y registros audiovisuales, recursos que, a juicio del abogado Simón Hernández, “generan una afectación directa a las garantías procesales” y dificultan el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y la interposición de recursos legales. Esta ausencia de transparencia y cumplimiento formal llevó a la presentación de la tutela ante la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 4, que debe dirimir la situación.
William Dau, quien gobernó Cartagena entre 2020 y 2023, se encuentra así en el centro de una disputa no solo legal, sino también institucional. Por un lado, un órgano encargado de velar por la conducta administrativa. Por el otro, un funcionario afectado por una sanción que, de confirmarse sin las garantías procesales completas, plantea dudas sobre la integridad y la justicia del proceso.
Mientras la Procuraduría aguarda la resolución de la tutela, persisten preguntas fundamentales: ¿podrá la defensa acceder plenamente a las pruebas y argumentos en su contra? ¿Se respetarán los principios de debido proceso o la sanción será una condena dictada a medias? El desenlace todavía está abierto, sumando más incertidumbre a una polémica que trasciende lo jurídico y toca las fibras de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
