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El presidente Gustavo Petro oficializó el salario mínimo para 2026 en $1.750.905, que con el auxilio de transporte alcanza los $2.000.000, un incremento del 23,8 % frente a 2025. Aunque esta cifra se presenta como un logro histórico, la medida evidencia un problema central: la mayoría de los pensionados no se beneficiará de este aumento.
El ajuste directo solo aplica a quienes reciben una mesada equivalente a un salario mínimo. Para estos, la pensión sube de $1.423.500 a $1.750.905, un aumento de $327.405. Sin embargo, los jubilados con pensiones superiores a un salario mínimo continuarán recibiendo incrementos basados en la inflación, calculada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo valor oficial se definirá en enero de 2026.
Esto deja a un amplio grupo de adultos mayores en una situación delicada: sus ingresos seguirán rezagados frente al aumento real del costo de vida y los precios de bienes y servicios que también se ajustan según el salario mínimo. Educación, transporte, vivienda y servicios básicos verán incrementos que los pensionados deberán asumir, sin que su mesada experimente un aumento proporcional.
Expertos advierten que, pese al anuncio mediático del “salario mínimo récord”, los beneficios para los pensionados son limitados y muestran una desigualdad preocupante en la distribución del ingreso, dejando a muchos adultos mayores con un poder adquisitivo que apenas logra mantenerse frente a la inflación.
