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¿Constituyente o consulta? La encrucijada de Petro para la reforma laboralUna advertencia resonante.
11 de junio de 2025, Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto para llevar a consulta popular su prometida reforma laboral. Sin embargo, detrás de este acto burocrático se esconde una profunda tensión política y jurídica que amenaza con redefinir el camino democrático del país.
El anuncio del mandatario no pudo ser más claro. En una entrevista con CNN, Petro planteó la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente si la consulta popular es bloqueada o desestimada nuevamente. Este mecanismo, señala, sería el último recurso para que la ciudadanía ejerza una participación directa en las decisiones de fondo: “Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo, en elecciones, masivamente pida la asamblea nacional constituyente”.
El proyecto de reforma había sido rechazado previamente en el Senado, lo que llevó al Ejecutivo a buscar un derrotero alternativo en el artículo 4° de la Constitución, que garantiza la supremacía de la carta magna frente a cualquier ley. Así, el decreto firmado por Petro y su gabinete de 19 ministros fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión, generando un debate intenso sobre cómo interpretar los límites y posibilidades de la democracia colombiana.
Si la Corte frena esta consulta, la respuesta del Gobierno será clara: iniciar la recolección de ocho millones de firmas para convocar a una asamblea constituyente por iniciativa popular, un mecanismo poco explorado y profundamente transformador. Petro sostiene que el diseño institucional vigente, desde la Constitución de 1991, ha erosionado la capacidad de hacer cambios sociales y laborales profundos. La asamblea, entonces, sería una vía para superar esos bloqueos.
Este escenario plantea preguntas inquietantes para Colombia: ¿está la democracia en riesgo de estancarse ante instituciones rígidas? ¿Qué costos tendría un salto a una constituyente en el delicado equilibrio político actual? Las autoridades judiciales aún deben esclarecer la legalidad concreta del decreto, pero el Ejecutivo ha dejado claro que defenderá hasta las últimas consecuencias la participación ciudadana directa.
Por ahora, la consulta popular permanece en el limbo judicial, mientras la sociedad observa expectante. El país está ante una encrucijada histórica donde las sombras de la desconfianza se mezclan con la esperanza de una democracia más inclusiva. ¿Podrá la voz del pueblo imponerse entre las sombras institucionales?
