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¿Negocio o gestión pública?
Este viernes 21 de noviembre de 2025, a las 3:00 p.m., en el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín se dará un capítulo determinante en la historia reciente de la ciudad: la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y un grupo de nueve exfuncionarios de su administración, junto a tres particulares. Todos ellos señalados por la Fiscalía General de la Nación en medio de un caso que pone bajo la lupa la gestión pública del predio Aguas Vivas, un lote de 147.000 metros cuadrados en la cima de El Poblado.
Desde febrero de 2020 hasta mayo de 2023, según la Fiscalía, la administración Quintero habría impulsado la transformación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La modificación no habría sido un mero trámite técnico, sino una maniobra que buscaba convertir la cesión gratuita de Aguas Vivas —propiedad del municipio desde diciembre de 2019— en una operación de compraventa que reconocería a los antiguos dueños más de 40.500 millones de pesos. Un movimiento al margen de los principios que deben regir los contratos públicos, alertaron incluso varios funcionarios de carrera quienes advirtieron sobre la improcedencia de este cambio.
Fracasada la conversión, la Fiscalía indica que el entramado jurídico fue retorcido con actos administrativos irregulares para elevar el avalúo del terreno y permitir así su regreso a manos privadas. En este contexto, se señala que los implicados propiciaron el desarrollo urbanístico prohibido por el propio POT, favoreciendo intereses particulares por encima del bienestar común. Bajo la lupa están figuras como el exsecretario general Fabio Andrés Trujillo, ocho exservidores públicos y los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez.
La indagación se sustenta en un extenso expediente con más de 3.900 documentos, análisis técnicos e inspecciones que buscan desentrañar la compleja trama. La justicia está convocada a esclarecer si se trató de una deficiente gestión pública o de un entramado que erosionó la confianza ciudadana y desvirtuó el uso del suelo en una de las zonas más emblemáticas de Medellín.
¿Podrán las instituciones avanzar entre los obstáculos legales y políticos que este caso despliega? Mientras tanto, la ciudad observa con expectación, consciente de que más allá de los nombres implicados, está en juego la transparencia de sus gobernantes y la defensa del espacio público.
