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[CORRUPCIÓN BAJO LA LUPA: ¿DINERO DE BOMBEROS PARA CAMPAÑA POLÍTICA?]
Un entramado de sombras y cifras.
Itagüí y Medellín, Antioquia — 7 de octubre de 2025. La Fiscalía General de la Nación destapó un caso que sacude la confianza pública: una red de corrupción que, presuntamente, desvió más de 2.481 millones de pesos de recursos públicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El epicentro de esta trama habría sido Misael Cadavid, exdirector de los Bomberos, quien no solo se enriqueció al mando, sino que —según la pesquisa— usó parte de ese dinero para financiar su candidatura a la Cámara de Representantes en 2022, bajo las siglas del partido Cambio Radical.
La investigación apunta directo a varios nombres. Además de Cadavid, figuran Miguel Quintero Calle, hermano del por entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Estos personajes habrían fungido como los cerebros del entramado: coordinando el direccionamiento y reparto de contratos amañados. Funcionarios y exalcaldes antioqueños se habrían sumado a la red, cerrando un círculo que enlaza distintos niveles de poder.
Este esquema se desplegó entre 2020 y 2021 en Medellín e Itagüí, en plena administración Quintero. Se hicieron seis jugosos contratos por cerca de 17.654 millones de pesos. Pero no fueron simples negocios públicos: el modus operandi incluyó sobrecostos descarados, facturas falsas y empresas creadas en papel para justificar desembolsos que nunca existieron. Un testigo protegido relató con crudeza que las coimas ascendieron a $3.200 millones, algunas pagadas en efectivo a partir de cuentas oficiales de los bomberos. Incluso, mencionó un pago en especie: un vehículo BMW Serie 5, que, aunque no se concretó, habla del nivel del intercambio corrupto.
Uno de los audios más contundentes llega desde el AMVA. Allí, Yaneth Rúa García, funcionaria involucrada, desnuda la mecánica del fraude: “Si me cambia los refrigerios y me va a comprar… En el convenio dice que valen seis mil pesos. (…) Pero yo me lo conseguí muy bueno por cuatro mil. Usted a mí me tiene que dar una factura por seis mil”. Un ejemplo palpable del maquillaje contable que permitió apropiarse de fondos públicos bajo la apariencia de legalidad.
Lo que emerge es un mapa de poder, complicidades y desvíos que no solo erosionan la gestión pública, sino la credibilidad democrática. La Fiscalía sigue escudriñando, mientras Antioquia observa con desconfianza cómo la línea entre política y corrupción vuelve a difuminarse sin que la justicia parezca alcanzar del todo las sombras.
¿Lograrán las instituciones rescatar la confianza y esclarecer estas redes antes de que la sospecha se instale en la cotidianidad? La ciudadanía no solo reclama respuestas, sino garantías para que no vuelva a suceder.
