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¿Seguridad en vilo para candidatos presidenciales?
Este miércoles 24 de septiembre, en medio de la creciente tensión política en Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a una denuncia pública que ha encendido las alarmas sobre las garantías de seguridad para los aspirantes a la presidencia.
El origen del conflicto fue un video publicado por Alfredo Saade, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, quien el martes 23, al llegar a Medellín, se encontró sin vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Saade narró con preocupación cómo tuvo que recurrir a un taxi para desplazarse, una situación para él inaceptable, pues consideró que se trataba de una falla grave en las garantías institucionales para ejercer su campaña. “No nos están prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia”, afirmó, agradeciendo el apoyo de la Policía Nacional, aunque subrayando que “no tienen un carro disponible para poder transportarme” .
Este reclamo cobra aún más peso en un contexto delicado, marcado por la reciente muerte del precandidato Miguel Uribe Turbay, un recordatorio sombrío de la violencia que envuelve la contienda electoral . En este clima, la seguridad de los políticos se convierte en un asunto de interés público y de seguridad nacional.
Frente a estas acusaciones, el ministro Benedetti optó por un tono irónico al responder en rueda de prensa: “¿Quién es Saade? Él ya tiene seguridad asignada por un comité especializado, el COMPERS. Me informaron que se le adjudicarían algunos vehículos”, añadió, aclarando que la entrega de estas unidades no puede realizarse de inmediato, pues requiere una planificación cuidadosa y coordinación. Benedetti recordó que la distribución de recursos de seguridad no funciona como un alquiler instantáneo, subrayando la complejidad logística que implica garantizar la protección adecuada de cada candidato .
Este episodio desnuda las dificultades institucionales y la presión que vive el sistema de protección en un momento electoral crítico, cuando la ciudadanía espera respuestas claras y efectivas para que sus aspirantes puedan ejercer su derecho a la participación política sin sobresaltos ni riesgos. La pregunta queda flotando en el aire: ¿podrá la seguridad garantizar la tranquilidad de una campaña en un país que vuelve a confrontar su pasado de violencia?
