📸 Cortesía: Presidencia
¿Financiar irregularmente, pero sin cierre?
Este miércoles 2 de julio en Colombia, se confirmó que la investigación sobre la presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro continuará abierta al menos hasta 2026, pese a recientes limitaciones legales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer que, aunque la Corte Constitucional le retiró la competencia para indagar directamente al presidente Petro, mantiene viva la pesquisa contra miembros clave de su equipo de campaña y las colectividades Unión Patriótica y Colombia Humana. Entre los investigados están figuras como Ricardo Roa, exgerente y actual presidente de Ecopetrol, y Lucy Mogollón, extesorera, además de los exauditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. La investigación se centra en gastos que habrían superado los topes legales en la doble vuelta presidencial de 2022, con un presunto sobregiro que supera los 5.355 millones de pesos, incluyendo ocultamiento de publicidad y posibles ingresos prohibidos.
Esta pesquisa no ha sido un camino lineal. Se ha visto interrumpida repetidamente por tutelas, recusaciones y recursos legales, que han dilatado la investigación y mantienen el expediente congelado desde hace más de un mes, tras una recusación contra la magistrada ponente Alba Lucía Velásquez Hernández. La Corte Constitucional decidió a finales de junio que solo la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar al presidente Petro, pero el CNE sigue facultado para sancionar a otros responsables si comprueba irregularidades.
Así, a pesar de las sombras legales y el desgaste político, la indagación persiste, planteando inevitables preguntas: ¿logrará el sistema electoral esclarecer responsabilidades más allá de los altos cargos? ¿O se diluirá esta investigación en la maraña burocrática y judicial? La ciudadanía, mientras tanto, observa expectante una justicia que, en medio de tantas trabas, parece demorarse en encontrar luz.
